Hace ya unos días que tuvo lugar el grave accidente de autobús en Portè, el cual nos dejó dos víctimas mortales y más de cuarenta heridos en total. El vehículo de transporte, el cual transportaba a 47 pasajeros desde L'Hospitalet de Llobregat hacia Andorra, se salió de la vía y acabó colisionando fuertemente contra un talud.
En esos primeros momentos, se habló de que las causas del siniestro estarían vinculadas a irregularidades en la gestión de la empresa operadora. Además, durante las siguientes horas, salió a la luz que la compañía responsable, Chavi-Tours SL, estaba en concurso de acreedores desde julio y acumulaba una deuda superior a los 205.000 euros.
Por otro lado, también se confirmó que el autobús implicado tenía la ITV caducada desde 2023. Como es normal, este hecho generó una oleada de críticas sobre la seguridad del transporte público, y ahora las autoridades parece que han decidido tomar medidas en este grave caso.
La investigación por parte de la justicia francesa
La justicia francesa está investigando como un homicidio involuntario el accidente de autocar que se produjo el domingo en Portè (Alta Cerdanya), según informó la fiscalía de Marsella. En un comunicado, apunta a una posible "violación deliberada de la obligación particular de prudencia y seguridad por parte del conductor". Así como a que se "puso en riesgo la vida de los demás".
La fiscalía de Marsella cifra en 48 el número de ocupantes del vehículo y remarca que el accidente dejó a dos muertos. Y que algunos de los heridos "todavía están hospitalizados, en Francia y España, entre ellos el chófer".
En el texto adjunto, la fiscalía de Marsella subraya que la investigación tiene por objetivo "determinar la identidad de todas las víctimas, las condiciones de organización del transporte. Y la causa de la pérdida de control del vehículo que causó el accidente".
La sanción a la que se puede enfrentar la empresa
El homicidio involuntario es un acto en el que una persona causa la muerte de otra sin intención de hacerlo, generalmente como resultado de negligencia, imprudencia o actos no deliberados. Este delito puede tener graves consecuencias legales, sociales y personales para quien lo comete.
Desde el punto de vista legal, las sanciones varían según la jurisdicción, pero suelen incluir penas de prisión que pueden oscilar entre meses y años, dependiendo de las circunstancias del caso.
Además, en algunos países, pueden imponerse multas económicas o medidas como la inhabilitación para realizar ciertas actividades. Especialmente si el homicidio está relacionado con profesiones específicas, como la conducción o el ejercicio médico.
En el ámbito personal, el perpetrador puede enfrentarse a una carga emocional duradera, como culpa, trauma o dificultades para reintegrarse en la sociedad. Las relaciones familiares y laborales pueden verse afectadas, ya que muchas personas tienden a distanciarse de quienes están implicados en delitos graves.