El accidente del pasado 1 de diciembre de un autocar en Portè (Alta Cerdanya) ha causado una tercera víctima mortal. Según ha avanzado 'El Periódico' y ha confirmado el ACN, un tercer pasajero falleció el pasado 28 de diciembre en el hospital de Perpiñán. El autocar había salido de Hospitalet para ir a Andorra, pero no cumplía las medidas de seguridad requeridas.
El conductor fue encarcelado en Francia acusado de homicidio involuntario y lesiones graves. El conductor, de 50 años, dio positivo en cocaína tras la colisión, por la que fue derivado con lesiones graves en un hospital de Toulouse. También se le imputa por llevar el tacógrafo presuntamente desactivado; dado que los fallecidos son extranjeros, ha sido necesario gestionar el traslado de los cadáveres a sus lugares de origen.
Un sistema incompetente en Andorra
El siniestro destapó la situación anómala de la flota de los autobuses contratada para su visita a Andorra, por la que los participantes pagaron 27 euros por billete. El trayecto era organizado por una particular que también resultó herida, LV, que montaba excursiones populares por los precios bajos que ofrecía. Para el desplazamiento, confió a la empresa Chavi Tours, afincada en Hospitalet y que tiene como administrador al chófer encarcelado.
La compañía quebró y cayó en concurso de acreedores el pasado verano, al acumular una deuda de 205.402,73 euros. Un juzgado resolvió en septiembre que Chavi Tours fuera disuelta. Sin embargo, el administrador siguió obrando por libre, como el accidente puso al descubierto.
Alejandro C.R. conducía un autocar que disponía de alquiler desde hace cuatro años y circulaba con la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) caducada. Tampoco tenía toda la documentación en regla para trasladar a pasajeros.
Su nombre no figura en el listado de conductores habilitados en el registro estatal de empresas y actividades de transporte. La Generalitat abrió un expediente para esclarecer las irregularidades bajo las que la compañía aparentemente operaba.
Un caso que abre un fuerte debate
La investigación judicial en Francia ha revelado otras presuntas irregularidades que agravan la responsabilidad del conductor y de la compañía de transporte. Mientras tanto, los afectados y sus familiares buscan asesoría legal para exigir responsabilidades. Tanto al chófer como a la empresa que mantenía operativo un vehículo que, a todas luces, no cumplía con la normativa.
La presión mediática y ciudadana se ha incrementado notablemente, generando un debate público sobre la necesidad de reforzar la supervisión y la regulación en el sector del transporte de pasajeros.
De confirmarse las múltiples infracciones detectadas, el Gobierno podría proponer cambios legales que endurezcan las sanciones para las empresas que operen bajo condiciones irregulares. Mientras prosigue la instrucción del caso, tanto aquí como en Francia, los familiares de las víctimas y los afectados esperan respuestas concretas de las autoridades. Y la garantía de que no se repetirán circunstancias tan negligentes en futuros viajes organizados.