Este martes 1 de julio de 2025, el Consejo de Ministros ha aprobado un incremento salarial del 0,5 % para más de tres millones de empleados públicos, que se suma al +2 % ya aplicado durante 2024. El alza, respaldada por el Acuerdo Marco para la Administración del Siglo XXI firmado con UGT y CCOO, tiene efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2024, con el objetivo de compensar la inflación acumulada entre 2022 y 2024.
Cuantía estimada y carga presupuestaria
En cifras, el incremento supone una media de 168 € más al año por funcionario, según cálculos de CSIF y confirmaciones del Gobierno.
El coste para las arcas públicas rondará los 508 millones de euros. Esta cifra está alineada con los 500 millones que estimaban los sindicatos semanas atrás.
Impacto en la nómina y poder adquisitivo
El incremento se materializará en una de las nóminas de agosto, mediante una paga compensatoria que incluye la parte consolidable del 0,5 % sobre el salario vigente al 31 de diciembre de 2023. Así, los funcionarios no solo recibirán el dinero pendiente por este año, sino que su retribución base queda incrementada a futuro.
A pesar del acuerdo, sindicatos como UGT han criticado el retraso —inicialmente previsto para el arranque de 2025— señalando que ha llegado con 18 meses de demora. Este retraso ha generado malestar y tensiones en el contexto social, con protestas de CSIF ante el Ministerio de Hacienda, exigiendo agilidad en su ejecución.
Cambios que comporta este ajuste
La subida responde a una cláusula del mencionado Acuerdo Marco. Dicha cláusula estipulaba un alza adicional del 0,5 % si el IPC armonizado de los años 2022 a 2024 superaba el incremento salarial pactado. En efecto, el IPCA acumulado fue del 5,5 % en 2022, 3,3 % en 2023 y 2,8 % en 2024, superando el aumento salarial total.
Al sumar esta nueva subida al 2 % ya aplicado, la revalorización total para 2024 se eleva al 2,5 %, y el incremento salarial acumulado desde 2022 supera el 9,5 %, o incluso el 9,8 % en términos reales. No obstante, algunos informes apuntan que el esfuerzo retributivo aún no compensa totalmente la pérdida de poder adquisitivo sufrida en años anteriores.
Qué plantea el futuro laboral público
Los sindicatos no se conforman. CSIF ha exigido una reforma legal que indexe automáticamente los sueldos al IPC, similar a cómo se revisan las pensiones. También presionan para que se apruebe una nueva hoja de ruta salarial para el trienio 2025‑2027, en la que se incluyan cláusulas vinculadas al IPC y al PIB.
Además, el ámbito laboral demanda negociar la OPE, la jornada de 35 horas, la jubilación parcial y una clasificación profesional adecuada para las administraciones. De momento, las conversaciones con el Gobierno siguen abiertas, pero aún sin concreciones ni calendario definido.
Un paso necesario, pero insuficiente
La aprobación del 0,5 % adicional cumple con lo pactado y garantiza una retribución mayor y consolidada para los empleados públicos. Sin embargo, ha llegado tarde.
Los retrasos incomodan en un contexto donde la inflación ha erosionado su situación financiera. Las reivindicaciones de los sindicatos abren la puerta a debates profundos sobre la necesidad de mecanismos automáticos de revalorización salarial y una planificación plurianual.
Ahora, el Gobierno dispone de margen presupuestario para atender estas demandas, en un momento en que los datos macroeconómicos permiten encarar nuevos retos en materia de funciones públicas.