La economía española transita por un escenario complejo, marcado por el constante aumento de la esperanza de vida. En paralelo, la natalidad se mantiene en niveles bajos, lo que agrava la presión sobre el sistema público de pensiones. A corto plazo, estos factores tensionan la sostenibilidad del Estado de Bienestar.
Recientemente, el gasto en pensiones volvió a alcanzar una cifra histórica. En agosto de 2024, las pensiones supusieron un desembolso mensual sin precedentes: 12 828,7 millones de euros. Este récord revela que la tensión financiera no es coyuntural, sino estructural.
Sistema de incentivos del Gobierno y posibles contradicciones
Para mitigar el impacto fiscal, el Ejecutivo ha introducido un novedoso sistema de incentivos. La idea es sencilla: animar a los trabajadores a prolongar su vida laboral a cambio de una compensación económica. En teoría, esto permitiría retrasar el ingreso en la lista de pensionistas, aliviando momentáneamente las arcas públicas.
El diseño del incentivo descansa en una premisa atractiva: si decides trabajar unos años más, recibirás una retribución mayor en tu pensión futura. Sin embargo, como toda solución aparentemente beneficiosa, esta presenta matices esenciales que conviene examinar con criterio.
El aviso: ¿dónde está la trampa?
Gonzalo Bernardos, profesor de economía de la Universidad de Barcelona —y colaborador habitual en medios como RAC1 y La Sexta— puso el foco en un dilema profundo. Según su análisis, los únicos con jubilación garantizada son los funcionarios públicos. En cambio, un trabajador del sector privado puede ser apartado abruptamente una vez alcanza la edad de retiro, y sin ninguna indemnización.
Esto plantea una pregunta clave: ¿compensa realmente trabajar más años por un 4 % adicional anual en la pensión? Bernardos ilustra la cuestión con un ejemplo contundente: "si se paga un 4% más por cada año que se alargue la vida laboral, significa que para que sea rentable tengo que vivir 25 años más desde que me he jubilado".
Su conclusión no deja lugar a dudas. Si prolongar la vida laboral no se traduce en suficiente retorno económico individual, el incentivo no resulta atractivo: “la prolongación de la edad de jubilación tiene un principal motivo y es que a la Seguridad Social le salga a cuenta”, afirmó el economista.
Una mirada crítica al enfoque y sus implicaciones
Este enfoque plantea varias cuestiones. Primero, ¿cuántos trabajadores pueden permitirse seguir activos tantos años sin ver un retorno real de su esfuerzo?
Después, ¿es justo promover medidas que benefician más a la administración que al ciudadano? Además, influye el género: dado que las mujeres viven más, podrían verse más beneficiadas. Por otro lado, muchos hombres tendrían menos probabilidades de recuperar esa inversión extra en años trabajados.
Reformas estructurales del sistema, mayor diversificación de las fuentes de financiación, o fomento de planes privados sostenibles pueden ser parte de una estrategia integral. Pero siempre deben evaluarse a través del prisma del ciudadano, y no solo del equilibrio fiscal. Solo así el debate sobre las pensiones podrá avanzar hacia propuestas realistas, equitativas y sostenibles.