El contexto económico en la Unión Europea vive un momento crucial de ajustes y decisiones fiscales que buscan equilibrar la recuperación tras el impacto de la pandemia y la crisis inflacionaria. En este escenario, los impuestos extraordinarios a determinados sectores han sido una de las herramientas preferidas por diversos gobiernos para financiar políticas sociales.
Sin embargo, esta estrategia no está exenta de controversia, y la Comisión Europea ha encendido las alarmas en relación con el impuesto a la banca que España mantiene y cuyo carácter permanente fue aprobado recientemente en el Congreso de los Diputados. El organismo comunitario advierte que las rentas más bajas pueden verse particularmente golpeadas debido a su mayor dependencia del crédito y a eventuales aumentos en los tipos de interés.
En su último informe, publicado en el marco del Paquete de Otoño, Bruselas llama la atención sobre las implicaciones del impuesto tanto en términos de rentabilidad para las entidades financieras como de competitividad en el mercado único. Además, recuerda que al tratarse de un gravamen que afecta de manera asimétrica a los bancos españoles frente a entidades de otros países, podría generar distorsiones y debilitar la posición de los bancos nacionales a escala europea. Todo esto, además, llega en un momento clave en el que el Gobierno español debe definir con mayor detalle su senda fiscal y los compromisos de gasto neto ante la propia Comisión.
El nuevo impuesto a la banca y su efecto sobre las rentas bajas
El impuesto a la banca, inicialmente concebido como un instrumento temporal para paliar los efectos de la crisis post-COVID-19, ha terminado por consolidarse a través de una reforma aprobada in extremis. La nueva versión del gravamen adopta un enfoque progresivo:
Margen inferior a 750 millones de euros: Tipo del 1%.
Entre 750 y 5.000 millones de euros: Tipos intermedios que van aumentando.
Más de 5.000 millones de euros: Tipo del 7%.
Aunque este diseño busca equilibrar la carga según el volumen de negocio de cada entidad, la Comisión Europea alerta de que pueden surgir efectos secundarios no deseados. En particular, si las entidades, para sostener su rentabilidad ante el incremento fiscal, encarecen la concesión de crédito, serán las familias con menores ingresos las que más sufran este golpe, pues suelen solicitar préstamos al consumo o hipotecas para cubrir necesidades básicas. Dicho de otro modo, el efecto de un posible alza de los tipos de interés en estos productos podría ensanchar la brecha de desigualdad financiera.
Bruselas también subraya que el impuesto, si no se implementa con cuidado, puede desincentivar la eficiencia en las entidades bancarias y perjudicar su solvencia a medio plazo. Concretamente, teme que la base del gravamen (centrada en los márgenes de interés) incremente el riesgo de comportamientos más conservadores o incluso frene la actividad crediticia, al tratarse de una penalización directa a los resultados del banco.
La preocupación por la competitividad en el mercado europeo
Otro aspecto clave para la Comisión se centra en los desequilibrios que este impuesto podría generar a escala comunitaria. Mientras los bancos españoles deben abonar tasas adicionales, sus competidores en otros Estados Miembros siguen operando bajo marcos fiscales distintos, lo que podría resultar en una pérdida de competitividad relativa para las entidades nacionales.
Grandes grupos españoles. Santander, CaixaBank y BBVA, entre otros, verán un impacto significativo, puesto que sus márgenes de intereses son más altos y quedarían sujetos al tipo máximo del 7%.
Bancos medianos. Sabadell o Bankinter, con márgenes inferiores, podrían salir parcialmente beneficiados con un tipo impositivo menor.
Bruselas insiste en la necesidad de una coordinación cuidadosa entre España y el resto de Estados Miembros para evitar fragmentaciones en el mercado único de servicios financieros. La competitividad y la libre competencia deben salvaguardarse con una fiscalidad que no represente un agravio comparativo desproporcionado para ninguna entidad.
La evaluación fiscal de Bruselas y la falta de concreción
Junto con la crítica al impuesto a la banca, la Comisión ha dado a conocer su Plan Fiscal Estructural a Medio Plazo, un documento imprescindible dentro del nuevo marco de reglas fiscales europeas. Si bien el Ejecutivo comunitario valora positivamente la intención de reforzar los ingresos del Estado y de mantener políticas sociales, también afea la falta de detalle en la estrategia de gasto neto que acompaña la reforma.
Según la Comisión, el Gobierno español se ha comprometido a incrementar sus recursos en aproximadamente tres décimas del PIB (entre 4.500 y 6.000 millones de euros hasta 2031), pero la forma concreta de traducir ese compromiso a medidas anuales sigue sin estar perfectamente delineada. Por el momento, el Ministerio de Economía ha indicado que el desarrollo de estas políticas se plasmará año a año en los sucesivos Presupuestos Generales del Estado.
Este detalle no es menor, ya que el cumplimiento de las metas fiscales y el equilibrio presupuestario son condiciones cruciales para que España continúe recibiendo los fondos europeos asignados. En el horizonte se encuentra un quinto pago valorado en más de 7.000 millones de euros, cuya entrega depende en parte de la claridad con la que se implementen y supervisen las reformas comprometidas, incluida la tributaria.
Un panorama complejo con riesgos y oportunidades
En definitiva, el anuncio urgente de Bruselas acerca de los riesgos asociados al impuesto permanente sobre la banca pone de manifiesto la fragilidad de un contexto que exige la máxima prudencia en la toma de decisiones fiscales. Mientras que el Gobierno busca recursos adicionales para mantener el “escudo social” y avanzar hacia la consolidación de las cuentas públicas, el organismo europeo advierte que las rentas más bajas podrían acabar pagando parte de la factura por la vía del encarecimiento del crédito.
A su vez, la sostenibilidad y competitividad de las entidades bancarias españolas, sobre todo de las que mueven mayores volúmenes de negocio, podría quedar en entredicho si la reforma no equilibra correctamente la carga tributaria ni se acompaña de una estrategia coordinada con otros países de la Unión.
Para los próximos meses, la hoja de ruta se centrará en cómo el Senado –donde el partido de la oposición cuenta con mayoría absoluta– y el Gobierno encajan este puzzle, con Bruselas como testigo y árbitro, vigilando de cerca el cumplimiento de las normas europeas y las consecuencias para los colectivos más vulnerables.