El panorama fiscal para los autónomos en España sigue siendo un terreno de controversia. En los últimos años, la Agencia Tributaria (AEAT) ha intensificado sus esfuerzos por combatir la economía sumergida, pero las últimas medidas previstas para 2025 han generado un profundo malestar en este colectivo. Con más de 3,3 millones de trabajadores autónomos en el país, el endurecimiento del control fiscal y el aumento de las obligaciones administrativas son percibidos como un ataque directo a su ya frágil estabilidad económica.
Obligaciones fiscales más estrictas: El control se intensifica
A partir del 1 de enero de 2025, Hacienda implementará un conjunto de medidas que transformarán la forma en que los autónomos declaran sus ingresos y gestionan sus obligaciones tributarias. Entre los cambios más significativos destaca la obligatoriedad de informar sobre los cobros de manera mensual, una práctica que sustituye el formato anual vigente hasta 2024. Esta medida afectará transacciones realizadas mediante tarjetas de crédito y débito, transferencias bancarias, terminales de punto de venta (TPV) y plataformas como Bizum.
Además, el sistema de cotización basado en los ingresos reales, introducido en 2023 de forma progresiva, será obligatorio a partir de 2025. Este modelo ajusta las cuotas según los ingresos declarados, con tramos que van desde los 200 euros mensuales para ingresos menores a 1.000 euros, hasta los 590 euros para quienes superen los 6.000 euros mensuales. Aunque el Gobierno defiende estas medidas como un avance hacia la equidad fiscal, muchos autónomos las consideran una carga adicional en un contexto de inflación y aumento de costes.
Lucha contra el fraude: Más control y vigilancia
El Plan Estratégico de la Agencia Tributaria 2024-2027 deja clara la intención de Hacienda de intensificar el control sobre el uso del efectivo y los medios de pago. Desde 2021, el límite para pagos en efectivo se redujo de 2.500 a 1.000 euros, y ahora se pone el foco en los profesionales que no ofrecen métodos de pago electrónicos. Según la AEAT, estas medidas facilitarán el seguimiento de los ingresos reales y contribuirán a prevenir prácticas fraudulentas.
Además, se intensificará el control sobre las sociedades unipersonales o familiares, que en ocasiones se constituyen para reducir la factura fiscal en el IRPF. Las operaciones de constitución, disolución o aumento de capital de estas sociedades serán objeto de vigilancia para evitar la evasión de impuestos. Por otro lado, se pondrá atención en las plataformas de pago virtuales que operan fuera de España y que podrían facilitar la elusión fiscal.
Indignación en el sector: Un futuro incierto
La respuesta de los autónomos no se ha hecho esperar. Las organizaciones del sector critican estas medidas por considerarlas excesivamente gravosas y poco adaptadas a la realidad de los pequeños negocios y trabajadores por cuenta propia. La obligatoriedad de presentar informes mensuales sobre los ingresos y el aumento de las cotizaciones son vistas como un obstáculo más en un entorno ya complicado.
Por otro lado, el temor a que estas medidas impacten en la privacidad financiera también preocupa al sector. La colaboración obligatoria de las entidades bancarias, que deben proporcionar información detallada sobre las operaciones de los autónomos, plantea interrogantes sobre el manejo y la seguridad de estos datos.
¿Hacia dónde se dirige el modelo fiscal para autónomos?
Si bien Hacienda justifica estas medidas como un esfuerzo para combatir la economía sumergida y garantizar una mayor equidad fiscal, los autónomos perciben un desequilibrio entre las exigencias impuestas y el apoyo recibido. A medida que se acercan los plazos de implementación, el sector reclama diálogo y ajustes que permitan un equilibrio entre el cumplimiento de las obligaciones tributarias y la viabilidad económica de los pequeños negocios.
El futuro de los autónomos en España dependerá de la capacidad de encontrar soluciones que, sin renunciar a la lucha contra el fraude, sean justas y proporcionadas para un colectivo que representa una parte esencial de la economía del país. Mientras tanto, la indignación en el sector no hace más que crecer.