En los últimos años, la economía española ha experimentado cambios que afectan directamente al futuro del sistema de pensiones. La precariedad laboral entre los jóvenes, la entrada tardía en el mercado laboral y el aumento de la esperanza de vida han configurado un escenario muy distinto al que dio origen al modelo actual tras la Segunda Guerra Mundial.
Actualmente, apenas el 43% de los jóvenes entre 16 y 29 años tiene empleo, lo que retrasa sus primeras cotizaciones y limita la sostenibilidad del sistema. A esto se suma que las previsiones demográficas apuntan a que, en apenas 25 años, España tendrá un jubilado por cada trabajador, una relación que hace inviable la fórmula tradicional de reparto. Informes recientes señalan que los jóvenes tendrán que trabajar hasta los 71 años si quieren percibir una pensión similar a la que reciben sus padres.
Santiago Niño Becerra sacude el debate de las pensiones
Las declaraciones del economista Santiago Niño Becerra han encendido el debate sobre el futuro de las pensiones en España. El profesor universitario ha sido tajante: el sistema de pensiones tal y como lo conocemos ha muerto y los jóvenes no tendrán acceso a él bajo las condiciones actuales. Niño Becerra recuerda que el modelo de pensiones surgió en un contexto de pleno empleo, salarios al alza y una esperanza de vida limitada.
Hoy la situación es radicalmente opuesta: menos empleo estable, salarios bajos y jubilados que, por suerte, viven más años. El resultado es que los ingresos por cotizaciones no alcanzan para cubrir los gastos del sistema, lo que ha llevado a los sucesivos gobiernos a buscar soluciones de emergencia, como transferencias de impuestos o promesas de reformas futuras.
Niño Becerra no duda en señalar la responsabilidad de los partidos políticos, que insisten en la sostenibilidad del sistema sin abordar el déficit estructural. Según el economista, “aquí nos están engañando”, y sostiene que, si se recurre a los impuestos para cubrir las pensiones, habrá que sacrificar otros pilares del Estado de Bienestar, como la sanidad o la educación.
El futuro es preocupante: mantener las pensiones actuales puede hipotecar los servicios públicos que necesitan las nuevas generaciones.
Jóvenes entre la resignación y la incertidumbre
El impacto de este diagnóstico es especialmente profundo en la juventud. Niño Becerra comparte la anécdota de un alumno que le preguntó: “¿Por qué voy a tener que pagarte la pensión si yo no voy a tener?” La respuesta del experto es que, probablemente, ni siquiera podrán pagar la de sus mayores.
Esta percepción ha calado entre los jóvenes, que afrontan una doble presión: por un lado, temen no acceder nunca a una pensión digna; por otro, asisten al deterioro de su capacidad de ahorro, en un país donde el ahorro privado para la jubilación sigue siendo muy bajo. No resulta extraño que muchos opten por emigrar o posponer decisiones clave, como la compra de vivienda o la formación de una familia. Mientras tanto, la falta de políticas de empleo y la precariedad laboral hacen que el futuro se vea, para muchos, como una carrera de obstáculos interminable.
A esto se suma la tensión generacional. Aunque muchos pensionistas ayudan a sus hijos económicamente, el debate sobre el reparto de recursos públicos está cada vez más presente. El acceso a la vivienda se ha convertido en otro punto de fricción: algunos acusan a las pensiones de drenar recursos, pero Niño Becerra advierte que es un análisis superficial, pues el problema radica en la estructura de ingresos y gastos del país.
Necesidad de reformas
Ante este panorama, el propio Niño Becerra y otros economistas apuntan a reformas profundas e incluso inevitables. La subida de la edad de jubilación es una de las alternativas más discutidas, con propuestas que la sitúan en los 70 o 71 años, en línea con países como Dinamarca. Otra opción que gana fuerza es ampliar el periodo de cálculo de las pensiones, tomando toda la vida laboral en cuenta en lugar de solo los últimos años, lo que reduciría el importe de la prestación.
Además, se baraja la introducción de sistemas mixtos, combinando el reparto con fondos privados o incluso fórmulas de renta garantizada, así como un mayor incentivo al ahorro privado para complementar la pensión pública. Todo ello, sin olvidar la necesidad de reforzar el empleo estable y los salarios, que son la base de la recaudación y del equilibrio del sistema.
Eliminar incentivos a la jubilación anticipada o penalizarla se plantea como otra forma de alargar la vida laboral y reducir la presión sobre el sistema. Sin embargo, ninguna de estas medidas será suficiente si no se acometen de forma integral y con visión a largo plazo. La falta de consenso político y la resistencia social a los cambios complican todavía más el reto.