España entra en un ciclo donde la demografía condiciona más que el propio pulso del crecimiento reciente. La jubilación acelerada de los nacidos en el baby boom reordena empleo, productividad y cuentas públicas. Los próximos años estarán marcados por reemplazos masivos y un gasto estructural claramente al alza. Ese telón de fondo explica por qué el debate sobre pensiones vuelve al centro de la política económica.
El relevo demográfico aprieta y el gasto en pensiones crece sobre el PIB
La llegada masiva de jubilados elevará la presión de gasto durante las próximas décadas, según los principales organismos. Las proyecciones europeas sitúan el gasto medio cercano al quince por ciento del PIB hasta 2050. España revaloriza las pensiones con la inflación y endurece gradualmente la edad legal de retiro. En 2025, la referencia general es 66 años y 8 meses, salvo carreras largas con derecho a 65.
Qué propone Bernardos
La revalorización de 2025 fue del 2,8 por ciento, consolidando el poder adquisitivo protegido por ley. Mientras tanto, las cotizaciones a la Seguridad Social crecieron un 7,2 por ciento hasta junio. Gonzalo Bernardos ha sintetizado el dilema en tres vías clásicas, todas socialmente costosas. Elevar cotizaciones, recortar prestaciones o alargar la vida laboral efectiva para equilibrar unas cuentas tensas.
A su juicio, descarta subir cotizaciones por su impacto sobre salarios netos y competitividad empresarial. También rechaza recortes nominales a quienes ya han cotizado décadas en el sistema contributivo. Por eliminación, concluye que España terminará retrasando más la edad de retiro para sostener el modelo. Ha llegado a afirmar que “no hay otra salida”, anticipando retiros más tardíos en línea con Europa.
MEI, regla de gasto y proyecciones europeas
La AIReF ha verificado que, con las medidas vigentes, se cumple la regla de gasto pactada. Sin embargo, cumplir la regla no equivale a garantizar la sostenibilidad presupuestaria en el largo plazo. Sus estimaciones exigen más transferencias del Estado, alrededor de dos coma cuatro puntos de PIB hasta 2050. La Comisión Europea proyecta un pico de gasto público en pensiones próximo al diecisiete por ciento del PIB.
Esa senda refleja más pensionistas y carreras largas, con margen limitado para ajustes inmediatos. Mientras tanto, el MEI escala del 0,8 por ciento este año al 1,2 por ciento en 2029. Desde 2030 hasta 2050, ese recargo se mantiene estable y alimenta el Fondo de Reserva de la Seguridad Social. El envejecimiento reduce el número de trabajadores por pensionista y alarga la duración esperada del cobro.
Riesgos de inacción y el margen político que condiciona la reforma
Si las cotizaciones no convergen con el gasto, déficit y deuda aumentarían de forma persistente y procíclica. El Estado puede cubrir parte del hueco con impuestos generales, sacrificando inversión y otras políticas prioritarias. Una mayor edad efectiva de retiro aliviaría el ratio de dependencia y aumentaría ingresos contributivos de manera sostenida. El mercado laboral exigirá itinerarios flexibles, formación continua y mejores condiciones de salud laboral para mayores.
El diseño deberá contemplar excepciones por penosidad, discapacidad o carreras muy largas, evitando efectos regresivos no deseados. El coste político será elevado, pero diferir decisiones suele encarecer la factura futura y la desigualdad. Urge pactar una transición gradual, con incentivos a prolongar carreras y salvaguardas para empleos especialmente penosos.