En Buckingham no sopla el viento a favor del duque de York. Vuelve la sensación de que algo puede romperse, de que la cuerda ya no aguanta más. Y esta vez no es solo una tormenta de titulares: hay nuevas revelaciones, encuestas demoledoras y, sobre todo, un debate jurídico que ya no se puede esquivar.
Un libro reabre el caso y coloca a Downing Street bajo presión
La biografía Entitled: The Rise and Fall of the House of York, firmada por el historiador Andrew Lownie, ha destapado episodios que alimentan la idea de que Andrés es un problema sistémico para la Casa. En paralelo, el equipo del príncipe Harry ha desmentido de forma tajante uno de los pasajes más sonados y ha enviado cartas legales por la serialización de la obra.
El foco, en cualquier caso, vuelve a ser Andrés y su papel en el ecosistema Windsor, con el clima mediático más áspero que se recuerda desde su entrevista de 2019. Así lo han recogido medios generalistas y especializados durante esta semana.
La conversación ha saltado también a los platós de análisis real. En Palace Confidential, varios cronistas —entre ellos Richard Kay, Rebecca English y Richard Eden— discuten abiertamente qué hacer con el duque tras el nuevo terremoto editorial. El debate ya no es si vuelve a la vida pública, porque esa pantalla pasó; es cómo se le aparta aún más del tablero sin abrir otra crisis.
El movimiento más viable: apartarlo de hecho como Consejero de Estado
Andrés sigue figurando legalmente en el reducido grupo que puede representar al monarca si este está ausente o indispuesto. La ley se actualizó en 2022 para añadir a la princesa Ana y al entonces conde de Wessex, precisamente para evitar recurrir a no–activos como Andrés o Harry.
En la práctica, solo los miembros en activo son llamados, y ese es hoy el cortafuegos más operativo que maneja Palacio. Es el paso discreto, eficaz y políticamente menos costoso.
Con el rey sometido a tratamientos y una agenda ajustada, la maquinaria constitucional ha demostrado que puede funcionar sin tocar a Andrés. La conclusión de los juristas es clara: mantenerlo congelado en la lista, pero fuera de juego, es legal, sencillo y manda un mensaje inequívoco de regeneración sin abrir una batalla parlamentaria.
¿Quitarle el ducado de York? La vía dura exige ley y voluntad política
Despojarle del ducado suena rotundo, pero choca con la realidad jurídica. Los títulos nobiliarios heredados solo pueden retirarse por una ley del Parlamento. Hay precedentes lejanos —la Titles Deprivation Act de 1917—, pero requieren una tormenta política que hoy nadie parece querer desatar.
Ni siquiera el nuevo Gobierno tiene incentivos para abrir esa caja de Pandora en mitad de otras prioridades nacionales. Eso explicaría por qué se prefirió reforzar la figura de los Consejeros de Estado en lugar de promover una ley ad hoc contra Andrés.
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Intentos para dotar al monarca de una herramienta general de retirada de títulos han circulado en Westminster en los últimos años, sin prosperar. La puerta no está cerrada, pero no se ve cerca. La presión social podría reavivarla si llegan más revelaciones, y ese es el verdadero temor en la Casa de York.
Royal Lodge, opinión pública y el desgaste que no remite
El otro frente delicado es Royal Lodge. Andrés resiste en la mansión de Windsor gracias a un contrato de arrendamiento de 75 años, firmado en 2003, que le blinda si cumple con el mantenimiento y la renta. La disputa con su hermano por el uso y el coste del inmueble ha sido áspera, y los recortes de asignación y seguridad personal han tensado aún más la convivencia. Todo ello refuerza la idea de que el duque no solo es un problema reputacional, sino también logístico y financiero.
Las encuestas ponen el colofón: el duque es, de largo, el miembro más impopular de la familia real. Los últimos datos de YouGov son demoledores y confirman que no hay margen para resurrecciones públicas sin un cambio de guion que hoy nadie vislumbra. En comunicación, esa es una condena en vida.
Transparencia limitada, aprendizaje inexistente
La opacidad sigue siendo un muro. Investigadores y periodistas llevan años denunciando el blindaje documental y el uso extensivo de excepciones informativas en torno a Andrés. Esa cultura del silencio explica por qué cada filtración se convierte en dinamita y por qué el coste político de protegerle aumenta con cada temporada.