En las últimas horas, Josep Rull ha vuelto a hablar de “anomalía democrática” en Catalunya, refiriéndose a la situación de Carles Puigdemont y Lluís Puig, que siguen fuera del país y, según él, no pueden ejercer sus derechos políticos sin riesgo de ser detenidos.
El exconseller ha señalado que esto demuestra que “no hay normalidad” y que el Estado español mantiene una situación de excepción. Hasta aquí, nada nuevo en el discurso del processisme. Sin embargo, la respuesta de Sílvia Orriols ha destapado, una vez más, el enorme doble rasero de estos dirigentes.
La alcaldesa de Ripoll y líder de Aliança Catalana recordó a Rull que anomalías democráticas hay muchas, empezando por el famoso “pacto antifeixista” que Junts, ERC y el PSC han firmado con el PSOE para aislar a su partido y evitar que tenga representación en instituciones y debates.
El veto a Aliança Catalana: una anomalía que ellos callan
Lo que Rull y compañía llaman “cordón sanitario” no es otra cosa que un veto político y mediático para silenciar a miles de catalanes que han votado legítimamente a Aliança Catalana. Bajo el pretexto de combatir el “extremismo” —etiqueta que repiten como un mantra—, se ha diseñado una estrategia coordinada para impedir que el partido de Orriols tenga voz en el Parlament o en los medios públicos.
¿No es esto una anomalía democrática? ¿Acaso no es antidemocrático que se niegue la palabra a un grupo parlamentario por el simple hecho de que incomoda a las élites del processisme y a sus socios del PSOE? Lo cierto es que estos autoproclamados defensores de la democracia parecen entenderla solo cuando favorece a sus intereses.
La trampa del “pacto antifeixista”
El “pacto antifeixista” que tanto reivindican es, en realidad, un pacto contra la pluralidad y la libre competencia política. Se ha convertido en una excusa para excluir, aislar y criminalizar a un partido que no comulga con el bonisme, el wokisme y el llirisme que han convertido a Catalunya en un territorio con graves problemas de inseguridad, pérdida de identidad y degradación institucional.
El processisme lleva años pactando con el PSOE, el mismo partido que ha sostenido y protegido las políticas que han favorecido la inmigración masiva sin control y el islamismo radical. Ahora, con un simple acuerdo firmado en despachos, pretenden dictar quién puede y quién no puede formar parte del debate democrático.
Con Aliança Catalana hay que hablar
El crecimiento electoral de Aliança Catalana no es casualidad. Orriols ha sabido poner sobre la mesa los problemas que otros partidos prefieren esconder: la inseguridad en las calles, la pérdida del catalán como lengua vehicular, el peso del islamismo en determinados barrios y el abandono de la Catalunya interior.
Negarse a hablar con Aliança Catalana es negarse a escuchar a una parte importante del pueblo catalán. Es negar la realidad. En democracia, los votos cuentan igual, se compartan o no las ideas del partido que los recibe. Quien excluye del diálogo a una fuerza política respaldada por ciudadanos libres no está defendiendo la democracia, la está pervirtiendo.
Los que señalan son los mismos que pactan con el PSOE
Rull y los suyos se presentan como víctimas de un Estado injusto, pero no dudan en aplicar las mismas prácticas de exclusión que dicen combatir. La diferencia es que ellos lo hacen contra un partido catalán que no les debe nada y que no juega a la política de salón.
Si el exconseller quiere hablar de “anomalía democrática”, debería empezar por mirar a su alrededor: la verdadera anomalía es un Parlament donde se veta a un grupo por motivos ideológicos, mientras se permite que partidos que han fallado gravemente a los catalanes sigan repartiéndose el poder.
La democracia no se defiende censurando ni firmando pactos para acallar voces incómodas. Se defiende aceptando el juego limpio, el debate abierto y la pluralidad de ideas. Y eso significa, guste o no al processisme, que con Aliança Catalana hay que hablar.