Lo que comenzó como un acto altruista se ha convertido en una historia de terror para Estíbaliz Kortazar Errecatxo, una vecina de Basauri (País Vasco). Esta mujer, que colaboraba como voluntaria en una asociación de ayuda a personas sin hogar y además forma (o formaba) parte de Sumar, decidió a finales de 2023 alquilar una habitación a un inmigrante magrebí de 48 años.
Estíbaliz trabajó durante 20 años como administrativa para poder comprarse su piso, que adquirió en 2021. En un intento de mejorar su situación económica, decidió alquilar una habitación por 350 euros mensuales. Lo que no imaginaba es que ese gesto de ayuda la dejaría sin hogar, en tratamiento psicológico y con un proceso legal abierto.
Comportamientos hostiles y vejaciones constantes
Al principio, todo parecía ir bien, pero en pocos meses el inquilino comenzó a mostrar un comportamiento perturbador. Insultos constantes como “puta” o “perra sucia”, insinuaciones sexuales y consumo de pornografía frente a ella fueron el pan de cada día. Además, subía el volumen del televisor por las noches, dejaba luces encendidas y no limpiaba su habitación.
La situación se deterioró hasta el punto de que Estíbaliz, aterrada, abandonó su vivienda el pasado 6 de junio. “No podía seguir viviendo con ese miedo. Cada vez que lo veo, el corazón se me acelera. Estoy de baja laboral y en tratamiento psicológico”, cuenta mientras se aloja temporalmente en casa de un familiar.
El okupa se niega a irse y ella sigue pagando los gastos
El contrato de alquiler terminó en enero de 2025, pero el hombre se negó a marcharse. Lejos de irse, dejó de pagar la renta y se convirtió en un okupa de facto. Pese a no vivir ya en el piso, Estíbaliz continúa pagando todos los suministros, incluyendo más de 200 euros mensuales de luz por el consumo del ocupante.
Intentó dialogar con él en varias ocasiones, incluso recurrió a un amigo extranjero de confianza para que mediara. El intento terminó en tragedia: el okupa lo mordió en la cara durante una discusión, provocándole heridas graves que requirieron diez puntos de sutura.
Denuncias, vídeos repugnantes y nula protección
Estíbaliz intentó pedirle que le mostrara la habitación para comprobar que no hubiera desperfectos. El hombre se negó, pero accedió a enviarle un vídeo. “No fui capaz de verlo entero del asco que me dio”, confesó, al borde de las lágrimas. El deterioro del inmueble es cada vez más evidente.
El 1 de enero de 2025, Estíbaliz acudió a la Policía. Sin embargo, los agentes no pudieron intervenir: no había orden judicial de desalojo y el okupa tenía un contrato vencido pero no invalidado formalmente por la vía legal. Así, la víctima quedó completamente desprotegida.
Una historia que refleja el fracaso del sistema
A día de hoy, Estíbaliz paga por una vivienda que no puede habitar. La ley está del lado del okupa, mientras ella asume los costes, las secuelas emocionales y el desamparo institucional. “Estoy pagando más de 200 euros al mes de su luz y ni siquiera me abona el alquiler. No tengo derecho ni a volver a casa”, denuncia con impotencia.
Este caso no es un hecho aislado. Refleja una problemática cada vez más extendida: el abuso de figuras legales mal reguladas y la falta de protección para los propietarios. Más allá del drama personal, es un síntoma de un sistema que premia al infractor y castiga al solidario.
Una lección cruel para quien quiso ayudar
Estíbaliz solo quiso hacer lo correcto. Ayudar a alguien vulnerable. Pero esa decisión terminó arruinando su vida cotidiana, su salud y su economía. Ahora exige justicia y espera que su historia sirva para cambiar unas leyes que dejan en el abandono a personas como ella.
Mientras tanto, el okupa continúa viviendo cómodamente en el piso por el que ella trabajó durante dos décadas. Con luz, agua y sin pagar un solo euro.