Una declaración inesperada dentro de los muros de una prisión ha reavivado el dolor de una madre que lucha por justicia. Las palabras, pronunciadas en un entorno donde se espera la rehabilitación, han generado alarma y cuestionamientos sobre la seguridad y la protección de las víctimas.
Una historia con mucho dolor
Patricia Ramírez, madre de Gabriel Cruz, el niño de ocho años asesinado en 2018, ha denunciado públicamente que Ana Julia Quezada, condenada por el crimen, ha proferido amenazas de muerte contra ella desde la prisión de Brieva, en Ávila.
Según Ramírez, una interna le habría informado que Quezada expresó su intención de vengarse por haber frustrado la realización de un documental sobre el caso. La frase "Voy a matar a la madre del niño" habría sido escuchada por otras reclusas, generando preocupación sobre la seguridad de Ramírez.
Estas amenazas no son un hecho aislado. Ramírez ha manifestado que desde hace más de un año recibe información sobre posibles irregularidades en la prisión, incluyendo la tenencia de teléfonos móviles por parte de Quezada, grabaciones de contenido sexual y la preparación de un documental con su participación.
A pesar de haber trasladado esta información a diversas autoridades penitenciarias, judiciales y políticas, afirma no haber recibido respuesta ni protección adecuada.
Investigaciones en curso
La situación ha llevado a la apertura de una investigación judicial por parte del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Ávila, que examina si funcionarios penitenciarios facilitaron un teléfono móvil a Quezada a cambio de favores sexuales. Aunque los registros rutinarios en la prisión no han hallado ningún dispositivo, las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer los hechos.
Ramírez también ha denunciado que, tras un aviso sobre un inminente cacheo en prisión, un teléfono móvil que utilizaba Quezada fue trasladado de su celda al domicilio de un funcionario. Actualmente, dos trabajadores de la prisión de Brieva están siendo investigados por un presunto delito de cohecho, acusados de mantener relaciones sexuales con Quezada a cambio de un móvil, que ella habría usado para grabarlos y así coaccionar para lograr su traslado a Barcelona.
La lucha de una madre por justicia y protección
Desde el asesinato de su hijo, Patricia Ramírez ha enfrentado no solo el dolor de la pérdida, sino también una serie de obstáculos en su búsqueda de justicia y protección. Ha denunciado la existencia de "funcionarios implicados" en las irregularidades dentro de la prisión y ha solicitado medidas urgentes para evitar una "revictimización constante" de las familias afectadas por este tipo de casos.
Ramírez ha criticado que las instituciones no han reaccionado adecuadamente y ha pedido que "dejen tranquilas a las víctimas, como remarca la normativa europea". En el aniversario del asesinato de Gabriel, instituciones penitenciarias hicieron pública una nota informativa en la que destacaban el "comportamiento ejemplar" de Ana Julia Quezada y hacían referencia a su participación en clases de yoga, lo que ha sido duramente cuestionado por la madre del niño.
Son necesarios cambios en el sistema penitenciario
El caso de Patricia Ramírez pone de manifiesto las deficiencias en el sistema de protección a las víctimas de delitos violentos. La falta de respuesta institucional ante las denuncias de amenazas y las posibles irregularidades en el sistema penitenciario evidencian la necesidad de una revisión profunda de los protocolos existentes.
Es imperativo que las autoridades tomen medidas concretas para garantizar la seguridad y el bienestar de las víctimas, evitando así su revictimización y asegurando que se haga justicia en todos los ámbitos