Mano con esposas abiertas frente a una comisaría de policía en España

Un marroquí quema viva a una chica de 17 años

La Policía investiga los detalles y no se descarta que víctima y agresor fueran pareja

Un horror inenarrable se desató en la oscuridad de la madrugada, dejando a una adolescente luchando por su vida y a una comunidad entera sobrecogida por la brutalidad del acto. Lo que comenzó como un aviso por un incendio en una vivienda, pronto reveló una escena de pesadilla: una joven de apenas 17 años yacía en la calle, su cuerpo consumido por las llamas en un ataque de una crueldad que desafía toda comprensión.

Su vida pende de un hilo, con quemaduras que marcan casi la totalidad de su piel, mientras las autoridades ya han puesto nombre y rostro al presunto autor de esta atrocidad.

Inicialmente, se pensaba que era un incendio

El suceso tuvo lugar en el conocido barrio de La Isleta, en Las Palmas de Gran Canaria, un enclave popular cuya rutina se vio salvajemente interrumpida. Eran aproximadamente las cuatro de la madrugada cuando las sirenas de los servicios de emergencia rasgaron el silencio de la calle Roque Nublo. Alertados por un posible incendio, bomberos y policías se desplazaron al lugar, pero el panorama que encontraron superaba cualquier previsión. No era un fuego accidental. En la acera, con signos de un sufrimiento atroz, se encontraba la víctima, una menor de 17 años.

Patrulla de la policía nacional de España con dos agentes junto a un coche oficial en la calle
Coche de Policía Nacional española | Policía Nacional

El personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) actuó con la máxima celeridad. Las primeras valoraciones confirmaron la gravedad extrema de la situación: la joven presentaba quemaduras de carácter grave en prácticamente el 95% de su cuerpo. En estado crítico, fue trasladada de urgencia en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín. La severidad de sus heridas es tal que se contempla su evacuación a la unidad especializada de quemados de Sevilla, un último recurso para intentar salvar su vida.

Junto a ella, en el epicentro del horror, se encontraba un joven marroquí de 20 años, quien también fue atendido por los sanitarios al presentar síntomas de inhalación de humo y posteriormente trasladado al mismo centro hospitalario.

No era un testigo casual. La víctima pudo identificarlo: él era, presuntamente, quien le había provocado las devastadoras lesiones utilizando material combustible. Con esta declaración, la Policía Nacional procedió a su detención inmediata como presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa.

Coche patrulla de la Policía Nacional de España estacionado junto a un edificio de ladrillo
Coche de la Policía española | Policía Nacional

Un perfil que aviva el debate

El detenido es un joven de 20 años y de origen marroquí. Este dato, lejos de ser un mero apéndice en la crónica del suceso, se convierte en un catalizador que reaviva un debate social cada vez más intenso y necesario. La nacionalidad del presunto agresor obliga a poner el foco, una vez más, en las grietas de un sistema que parece incapaz de garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Este terrible acto no es un hecho aislado, sino que se inscribe en una preocupante tendencia de crímenes de extrema violencia que generan una justificada alarma social.

Canarias, por su situación geográfica, se ha convertido en un punto caliente de la presión migratoria, una realidad que, sin caer en generalizaciones injustas, presenta desafíos monumentales en materia de seguridad e integración. La reincidencia de delitos graves cometidos por individuos procedentes de la inmigración irregular o con historiales conflictivos pone en tela de juicio la efectividad de las actuales políticas migratorias y de seguridad.

La sociedad canaria y, por extensión, la española, exige respuestas y medidas contundentes que vayan más allá de los discursos bienintencionados. No se trata de criminalizar a un colectivo, sino de afrontar una realidad innegable: la falta de control en las fronteras y la laxitud en la aplicación de las leyes de extranjería pueden tener consecuencias fatales.