Durante los meses de verano, el mercado laboral español muestra una dinámica especialmente activa. El empleo en sectores como la hostelería, el turismo y los servicios experimenta una notable recuperación y el paro se reduce hasta cifras que no se veían desde hace más de una década. Sin embargo, bajo este aparente optimismo, muchas personas en situación de desempleo buscan combinar la búsqueda activa de trabajo con unos días de descanso.
Es aquí donde aparece un elemento de fricción: los desplazamientos y viajes durante la percepción de la prestación por desempleo, especialmente cuando no se tramitan correctamente.
El SEPE, Servicio Público de Empleo Estatal, ha endurecido su vigilancia y advierte sobre las consecuencias de saltarse las normas. Esta circunstancia, sumada a los habituales retrasos y saturación en las oficinas tras la pandemia, pone en primer plano la importancia de cumplir a rajatabla la normativa vigente para no perder derechos económicos esenciales.
Viajes y prestación por desempleo: cuándo sí, cuándo no
Según la normativa actual, quienes perciben prestaciones del SEPE no tienen derecho a unas vacaciones como tal. El paro es una ayuda económica condicionada a que la persona esté disponible para aceptar un empleo, participar en cursos de formación o presentarse a entrevistas. La idea de que se puede salir de viaje sin comunicarlo es uno de los grandes errores que se siguen repitiendo. En realidad, sí existe un margen legal para desplazarse tanto dentro como fuera de España, pero siempre bajo condiciones y límites muy claros.
En el caso de viajes dentro del territorio nacional, el SEPE permite ausentarse hasta treinta días al año siempre que se comunique previamente y se obtenga la autorización. En el caso de desplazamientos al extranjero, la situación es todavía más restrictiva. Se permite viajar fuera de España hasta quince días naturales al año sin perder el derecho a la prestación, siempre que se informe y se declare la vuelta en el plazo indicado.
Si el viaje dura entre quince y noventa días, la prestación queda suspendida durante ese periodo, pero no se pierde el derecho a recuperarla al regresar, siempre que se sigan los pasos administrativos correctamente. Cuando la estancia fuera del país supera los noventa días, el SEPE entiende que se incumple la obligación de estar disponible y, por tanto, extingue definitivamente la prestación salvo contadas excepciones, como trabajos, estudios o cooperación internacional debidamente justificados y autorizados.
La realidad es que muchos beneficiarios de prestaciones desconocen hasta qué punto un viaje puede tener repercusiones legales y económicas. Casos recientes han llegado incluso a los tribunales, como el de una persona mayor de cincuenta años que perdió el subsidio tras realizar varios viajes sin comunicarlo. La Justicia ha dado la razón al SEPE, avalando sanciones que en algunos casos superan los ocho mil euros y la pérdida total de derechos durante meses.
El riesgo real de perder la prestación y cómo evitarlo
Los errores más frecuentes a la hora de viajar estando en paro tienen que ver con no notificar el desplazamiento o no presentar la documentación a tiempo. El SEPE recuerda que la persona beneficiaria debe estar localizable en todo momento y a disposición para cualquier requerimiento, desde entrevistas de trabajo hasta cursos obligatorios.
El sistema de control del SEPE se ha sofisticado y es habitual que cruce datos con la Seguridad Social, registros de fronteras y otras administraciones para detectar ausencias no autorizadas. Además, los controles son especialmente estrictos en verano, coincidiendo con el pico de desplazamientos por vacaciones y la mayor presión en el mercado de trabajo.
Evitar sanciones es sencillo si se siguen los procedimientos. Para cualquier desplazamiento, ya sea nacional o internacional, se debe solicitar permiso al SEPE, preferentemente por vía electrónica o acudiendo a una oficina con cita previa. En el caso de viajes al extranjero, es obligatorio presentar el formulario correspondiente y firmar la reincorporación el primer día hábil tras el regreso.
Si el viaje está justificado por trabajo, estudios o colaboración internacional, debe acreditarse con los documentos adecuados. El incumplimiento, aunque sea por desconocimiento, puede implicar la suspensión inmediata del pago e incluso la extinción total de la prestación.
Las oficinas del SEPE advierten además de un aumento de consultas y trámites urgentes al llegar el verano, lo que puede ralentizar aún más la gestión de permisos y notificaciones. Por ello, recomiendan anticipar cualquier movimiento, informarse en la web oficial y dejar constancia documental de todas las comunicaciones. La experiencia demuestra que un pequeño descuido administrativo puede suponer la pérdida de un derecho vital en momentos de inestabilidad laboral.
El verano y el paro no son siempre compatibles: mucho cuidado
En definitiva, el SEPE recuerda que la prestación por desempleo exige disponibilidad total y que cualquier viaje debe ser notificado y autorizado según los límites legales. No hacerlo puede conllevar sanciones graves, suspensión o la pérdida definitiva de la ayuda, algo que ya ha ocurrido en numerosos casos.
El verano invita a viajar y desconectar, pero quienes perciben el paro deben extremar la precaución y cumplir todas las obligaciones para no quedarse, literalmente, sin nada. Esta normativa, lejos de ser una traba, busca garantizar que las prestaciones lleguen solo a quienes cumplen los requisitos y mantienen su compromiso de búsqueda activa de empleo.