En plena revisión de resultados empresariales tras el cierre del segundo trimestre, los bancos afilan sus modelos de provisiones y el Estado actualiza su recaudación fiscal. Sin embargo, muchos contribuyentes coinciden en un punto en común: la preocupación por haber olvidado presentar la Declaración de la Renta. Este descuido puede acarrear penalizaciones que superan el 150 % de la deuda tributaria, según explican varios expertos fiscales.
El plazo oficial para entregar la declaración correspondiente al ejercicio 2024 finalizaba el 30 de junio de 2025, si bien quienes optaron por la domiciliación bancaria debían realizarla antes del 25 de junio as.com. Están obligados a declarar quienes hayan percibido más de 22 000 € de un solo pagador, o más de 15 000–15 876 € si existen varios pagadores, siempre que los ingresos del segundo superen los 1 500 € anuales.
También deben hacerlo quienes hayan tenido rendimientos del capital superiores a ciertos límites o ingresos por alquileres u operaciones patrimoniales.
Presentaciones fuera de plazo
La Agencia Tributaria permite presentar la declaración fuera de plazo de forma voluntaria, sin requerimiento previo. En este caso, si el resultado es a pagar, se aplican recargos progresivos que aumentan con el tiempo transcurrido desde el fin del plazo sin llegar a constituir una sanción estricta. Esos recargos se sitúan entre el 1 % inicial y otro 1 % adicional por cada mes completo de retraso, hasta alcanzar el 15 % en los primeros doce meses.
Si el retraso supera el año, se mantiene una penalización del 20 % sobre la deuda, más intereses adicionales. El tipo de interés aplicado una vez superados doce meses ronda el 5 %,
Si el resultado es a devolver o cero, la penalización por presentar fuera de plazo voluntariamente se fija en 100 €, o incluso en 60 € si se efectúa el pago dentro del periodo voluntario, según algunos expertos. En cambio, si Hacienda detecta primero la falta de presentación, la multa asciende a 200 euros.
Cuando Hacienda toma la iniciativa
Si la Agencia Tributaria detecta la omisión y envía requerimiento, las consecuencias son más severas. En declaraciones a pagar, la sanción puede oscilar entre el 50 % y el 150 % de la deuda tributaria, dependiendo de la posible ocultación de datos y la gravedad del incumplimiento. Se contempla una reducción del 25‑30 % si se realiza el pago dentro del periodo voluntario tras la notificación y no se recurre la multa.
Intereses y efectos colaterales
Además de los recargos y sanciones, los retrasos en una declaración a pagar generan intereses de demora que van del 5 % al 20 %, según el periodo transcurrido sin declarar. El interés se añade automáticamente si el retraso supera un año En los casos a devolver, si Hacienda no realiza el ingreso antes del 31 de diciembre de 2025 y es responsable del retraso, deberá abonar un interés cercano al 4 %.
El plazo de prescripción para que Hacienda exija la declaración o imponga sanciones es de cuatro años. Tras ese periodo, los incumplimientos prescribirán automáticamente. No obstante, en supuestos graves de delito fiscal —cuando el importe defraudado supera los 120 000 €— se puede iniciar un procedimiento penal, con penas de prisión de uno a cinco años y sanciones complementarias.
Impacto para bancos y economía personal
Desde la óptica bancaria, estos recargos y sanciones fiscales afectan directamente a la capacidad financiera de los hogares. Saldos afectados por recargos fiscales limitan tanto la disponibilidad para ahorro como la solvencia crediticia. Las entidades tienen en cuenta estos riesgos al evaluar la capacidad de endeudamiento, especialmente en hipotecas y préstamos de consumo.
Queda claro que a nivel macroeconómico, el sistema busca reforzar la recaudación del Estado y disminuir la morosidad fiscal, a la vez que maximiza la eficiencia en los flujos de devolución.