España está inmersa en un debate intenso sobre la sostenibilidad de su sistema de pensiones. La combinación de mayor esperanza de vida, baja tasa de natalidad y un déficit persistente en la Seguridad Social ha generado presión para revisar la edad de retiro. En ese escenario, los cuerpos superiores del funcionariado han irrumpido con una propuesta controvertida: extender hasta los 72 años la jubilación forzosa, siempre de manera voluntaria.
Empleados públicos
Actualmente, los empleados públicos se jubilan de oficio a los 65 años y pueden solicitar prórrogas hasta los 70. No obstante, jueces, fiscales, notarios y letrados ya pueden prolongar su actividad hasta los 72 años.
La desigualdad legal suscita malestar entre otros colectivos de élite como los administradores civiles del Estado, técnicos comerciales, inspectores de Hacienda y diplomáticos, quienes reclaman el mismo trato.
Los defensores de esta medida destacan la mejora en condiciones físicas y mentales de los trabajadores mayores y defienden la prolongación como una forma de retener talento, fortalecer la calidad del servicio público y garantizar un traspaso ordenado del conocimiento. También creen que dos años extra de actividad reducirían el gasto en pensiones anuales en un rango estimado entre 30 y 48 millones de euros.
Discusión de los sindicatos
Los sindicatos CCOO y UGT han expresado su rechazo a la propuesta, remarcando que no formaba parte de los acuerdos alcanzados en diciembre y advirtiendo de un exceso de envejecimiento en las plantillas públicas, lo que, según ellos, obstaculizaría la renovación generacional.
En cambio, CSIF ha mostrado una postura más flexible, apoyando la prórroga voluntaria siempre que su aplicación sea gestionada por las comunidades autónomas.
El debate también introduce un componente jurídico. Algunos especialistas apuntan a posibles vulneraciones del principio de no discriminación por edad y alertan sobre un probable recorrido constitucional para esta norma.
¿En qué punto se encuentra el trámite parlamentario?
La iniciativa se presentó como parte de una serie de 37 enmiendas al proyecto de Ley de la Función Pública impulsado por el Grupo Socialista. Entre otras modificaciones, se incluye la posibilidad de compatibilizar trabajo a tiempo parcial con percepción de parte de la pensión, recuperación de la jubilación parcial y mejoras en permisos parentales.
La prórroga voluntaria para prolongar hasta los 72 años requerirá resolución expresa anual por parte de la administración, y se entenderá concedida en ausencia de respuesta explícita. El texto aún debe atravesar la fase de enmiendas en el Congreso y superar informes en comisión, dictamen y votación final.
Relevo generacional y sistema de pensiones
Más allá del ahorro inmediato en pensiones, prolongar hasta los 72 años la jubilación tiene efectos colaterales de largo alcance. El envejecimiento de las plantillas puede frenar procesos selectivos y la incorporación de perfiles más jóvenes y digitales. No obstante, la experiencia acumulada por los altos funcionarios ofrece un activo de gestión valiosa, especialmente en puestos estratégicos.
Este dilema entre eficiencia, equidad y modernización de la administración pública se encuentra en el corazón del debate parlamentario. El resultado no solo definirá el destino de este colectivo, sino que configurará el modelo de relevo generacional y la fortaleza institucional del sistema.