En un contexto marcado por una inflación persistente en torno al 3–4 % anual en 2025 y un crecimiento del PIB estimado en torno al 1 %, las políticas de apoyo social adquieren una relevancia mayor. La pobreza infantil en España se sitúa cerca del 27 %, según estudios del INE, lo que resalta la urgencia de medidas efectivas. Además, la subida del 9 % del Ingreso Mínimo Vital (IMV) para 2025 evidencía un esfuerzo concertado por compensar el impacto del coste de la vida.
También conviene recordar que, en paralelo, se discute la reforma del complemento por brecha de género en pensiones: el Tribunal de Justicia de la UE ha declarado que las condiciones actuales resultan discriminatorias hacia los padres, lo que podría conllevar cambios normativas.
Este marco permite valorar con mayor perspectiva la implantación del Complemento de Ayuda para la Infancia como un instrumento clave para apoyar a las familias.
¿Qué es el Complemento de Ayuda para la Infancia?
El Complemento de Ayuda para la Infancia (o CAPI) es una prestación mensual dirigida a menores de 18 años, concebida para brindar un apoyo económico adicional a las familias vulnerables. Su diseño contempla tres tramos:
- 115 €/mes por cada menor de hasta 3 años (1 380 €/año)
- 80,50 €/mes por cada menor entre 3 y 6 años (966 €/año)
- 57,50 €/mes por cada menor entre 6 y 17 años (690 €/año)
Estas cuantías se aplican en 12 pagas anuales y pueden solicitarse de forma independiente del IMV.
¿A cuánto asciende realmente la ayuda?
En el caso de menores de 3 años, el importe anual de 1 380 € por hijo convierte al CAPI en una tabla de salvación para familias con bebés, sobre todo considerando que puede solicitarse sin necesidad de estar cobrando el IMV.
Asimismo, los montos para hijos de otras edades (3–6 y 6–17 años) siguen siendo relevantes, reduciendo barreras económicas fundamentales en hogares con varios menores.
Requisitos y condiciones de acceso
Para optar al CAPI, las unidades de convivencia deben cumplir un conjunto de criterios socioeconómicos. Estos límites se han acordado con base en el IMV y se expresan en tres variables clave:
Ingresos: no superar el 300 % de los umbrales del IMV, según el número de miembros de la unidad. Por ejemplo:
- Un adulto + un menor: hasta 28 277,34 €/año.
- Dos adultos + dos menores: hasta 41 328,42 €/año.
- Patrimonio neto: debe ser menor del 150 % de esos mismos límites.
- Test de activos: no superar 6 veces la renta garantizada de la unidad.
También se exige residencia legal en España y formación de unidad de convivencia durante al menos seis meses, condiciones que ya están en vigor desde 2022.
Además, no es necesario estar cobrando el IMV: el complemento puede solicitarse de manera independiente, aunque beneficiarios del IMV también lo reciben de oficio.
Cobertura y profundidad real de la ayuda
Aunque 115 €/mes por hijo pequeño puede parecer modesto, representa un incremento significativo para hogares con ingresos medios bajos. Para una familia con dos hijos menores de 3 años, el apoyo alcanza los 2 760 € anuales, una cantidad sustancial en contextos de inflación persistente.
Estructura de apoyo progresivo
El modelo que ajusta el importe según la edad del menor reconoce el mayor coste asociado a bebés y niños pequeños. Se trata de una política inteligente para focalizar recursos donde más se necesitan.
Sostenibilidad y reto fiscal
El incremento del 9 % del IMV y las cuantías del CAPI implican un esfuerzo fiscal notable. En 2025, la Seguridad Social inyecta apoyos crecientes hacia familias vulnerables, lo que plantea un debate sobre la sostenibilidad de estas medidas a medio plazo, especialmente si la crisis inflacionaria continúa.
Hacia una reforma estructural
El IMV y el CAPI son ejemplos de una estrategia social pujante, pero su continuidad dependerá del equilibrio fiscal. Además, la resolución de vulnerabilidades legales en pensiones (como el complemento por brecha de género) será decisiva para mejorar la equidad del sistema de bienestar.