Las tensiones dentro del Gobierno han aumentado en los últimos días a raíz de una cuestión que, a priori, parecía meramente administrativa: la posible subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y su impacto en la fiscalidad de quienes menos cobran.
El Ministerio de Hacienda, encabezado por María Jesús Montero, se plantea no actualizar el mínimo exento de IRPF conforme a la nueva cantidad que prepara la cartera de Trabajo. Esto significaría que, al incrementarse el salario mínimo, parte de esa mejora económica podría verse mermada al quedar sujeta al impuesto sobre la renta.
La medida supondría un cambio de rumbo respecto a lo que ha ocurrido en años anteriores. Hasta ahora, cuando se aprobaba un aumento del SMI, Hacienda solía ajustar la base mínima exenta del IRPF para evitar penalizar a los trabajadores con menor poder adquisitivo.
Sin embargo, en un contexto en el que cada vez son más los españoles que cobran el salario mínimo —situándose, según las estimaciones, entre 7 y 10 millones de personas—, la titular de Hacienda se plantea mantener el umbral de 15.876 euros, vigente desde el pasado año y que corresponde a los 1.134 euros brutos del SMI aprobado para 2024.
Un impacto que puede llegar a 10 millones de personas
La realidad socioeconómica en España muestra una tendencia de aumento del número de personas que, por diversas razones, cobran el salario mínimo o incluso menos, a menudo mediante empleos parciales o trabajos temporales. En 2022, con un SMI de 1.000 euros, ya se contabilizaban 7 millones de trabajadores dentro de este grupo, y con la subida a 1.134 euros aprobada meses atrás, la cifra se habría acercado, según algunos cálculos, a los 9 millones.
Si el Ejecutivo lleva el SMI hasta los 1.173 o incluso 1.184 euros mensuales en 14 pagas —tal como recomienda el grupo de expertos elegidos por el Ministerio de Trabajo—, el número de afectados podría superar los 10 millones.
Dado que el IRPF se articula por tramos (del 19% hasta 20.199 euros anuales, del 24% hasta 35.199 euros, etc.), la mayoría de estos trabajadores seguiría tributando al tipo mínimo del 19%, pero el mero hecho de pagar el impuesto, para muchos, implicaría ver recortado su salario neto final.
El malestar en los sindicatos y en el Ministerio de Trabajo
UGT ha reaccionado de forma inmediata al trascender esta noticia. En un comunicado, el sindicato ha manifestado su rechazo frontal a cualquier acuerdo en el que no se garantice que la subida del SMI quede exenta de impuestos.
Al mismo tiempo, desde el Ministerio de Trabajo, liderado por Yolanda Díaz, todavía no se ha emitido una posición oficial sobre el asunto, aunque fuentes cercanas reconocen que la titular es partidaria de una actualización del mínimo exento.
Las razones de Hacienda y el dilema sobre la recaudación
Uno de los motivos que Montero baraja para no ajustar el mínimo exento es el enorme volumen de cotizantes que ya no pagarían IRPF si se eleva el umbral. Es una decisión complicada en un momento en que las cuentas públicas necesitan de forma imperiosa mantener e incluso ampliar la recaudación para hacer frente a gastos sociales, pensiones y servicios públicos.