El escritor y comunicador catalán Jair Domínguez ha encendido las redes. Con una simple frase en X, antes Twitter, ha agitado conciencias. Preguntó abiertamente: “Com va lo de la DGAIA? En sabem res?”. Su comentario breve pero directo generó un alud de reacciones inmediatas.
Una institución bajo sospecha constante
La Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència debería ser un refugio. Sin embargo, en los últimos años acumula denuncias por negligencias graves. Organismos como la Sindicatura de Comptes han señalado irregularidades en su gestión. Familias y profesionales alertan de un sistema opaco y lleno de sombras.
No se trata solo de errores administrativos o falta de recursos. Las acusaciones más graves apuntan a casos de abusos contra menores tutelados. Algunos escándalos han sacudido la opinión pública catalana, pero las explicaciones oficiales resultan insuficientes. El silencio institucional provoca más inquietud que calma.
El eco del caso Susana Alonso
En el verano pasado estalló uno de los episodios más turbios. Una menor de 12 años, tutelada, terminó explotada en una red de prostitución. El caso, confirmado por la Generalitat, dejó a la sociedad en shock. Nadie supo explicar cómo un sistema de protección permitió semejante horror.
Los partidos políticos reaccionaron con declaraciones vacías y comisiones improvisadas. Pero poco cambió en la estructura que debía velar por esos niños. Esa inacción alimenta las sospechas de complicidad o encubrimiento. Las preguntas de Jair Domínguez reabren viejas heridas aún sin cerrar.
El trasfondo de corrupción y abuso
Lo que hace más inquietante la situación son las sospechas criminales. Varios periodistas e investigadores apuntan a una red de intereses económicos. Niños tratados como cifras en un sistema de plazas y subvenciones. Cuantos más tutelados, más dinero circula en contratos y convenios.
La vertiente más oscura es la que nadie quiere pronunciar. Existen denuncias de abusos cometidos dentro de los propios centros tutelados. Algunos por trabajadores, otros por personas externas con acceso privilegiado. El miedo y la burocracia dificultan que los casos salgan a la luz.
Un silencio que resulta cómplice
Lo más doloroso es que muchas alertas fueron ignoradas durante años. Entidades sociales avisaron, profesionales presentaron informes, incluso familiares denunciaron irregularidades. Sin embargo, desde la Generalitat apenas llegaron respuestas formales y sin consecuencias. El silencio institucional se interpretó como complicidad activa.
Ese es el eco que resuena en el mensaje de Jair Domínguez. No pide respuestas complejas, solo exige saber qué ocurre realmente. En pocas palabras, expuso la falta de transparencia y responsabilidad. Una pregunta sencilla que el Gobierno de Catalunya parece incapaz de responder.
Un futuro que sigue en entredicho
El Govern ha anunciado cambios de nombre y nuevas estructuras. Pero los críticos advierten que eso es maquillaje político sin contenido. Lo que se necesita son investigaciones judiciales serias y responsabilidades claras. Y, sobre todo, escuchar la voz de las víctimas olvidadas.
El tuit de Jair Domínguez no aporta datos nuevos ni pruebas. Pero su valor está en recordar lo esencial: los niños tutelados. Si las instituciones no responden, la ciudadanía seguirá exigiendo explicaciones. Porque el silencio ya no es una opción posible.