España encara un escenario económico marcado por un creciente envejecimiento poblacional: en 2024 había 9,9 millones de personas mayores de 65 años, cifra que podría llegar a 16,6 millones en 2050. Esa realidad demográfica tensiona las cuentas de la Seguridad Social, ya que el ratio de trabajadores activos por pensionista caerá de dos a unos 1,3 en las próximas décadas.
Al mismo tiempo, la dependencia de ingresos públicos se intensifica: la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal alerta de un déficit del 7 % del PIB y una deuda del 149 % del PIB para 2050, si no se actúa con reformas estructurales. El gasto en pensiones ya supera los 13 500 M € mensuales, un 12 % del PIB, y seguirá creciendo con la jubilación de la generación del baby boom.
Paralelamente, la precariedad laboral es endémica: más del 60 % de los menores de 30 años tienen contratos temporales, con un salario medio que ronda los 1 558 € brutos; esto impactará directamente en sus futuras pensiones, pues están ligadas a las cotizaciones y, por tanto, a los ingresos percibidos.
El diagnóstico de Santiago Niño Becerra: un sistema “insostenible” a medio plazo
En recientes intervenciones públicas —en Els Matins de TV3 y La Ventana de Cadena SER—, el economista Santiago Niño Becerra ha reiterado que el sistema de pensiones español, en su configuración actual, es insostenible.
Según afirma, las pensiones contributivas son directamente proporcionales a los salarios durante la vida activa —“si los salarios son bajos, la cotización será baja y eso tendrá una implicación posteriormente en la pensión”—, y eso condena a las generaciones actuales a pensiones insuficientes.
Niño Becerra advierte además que, sin ajustes, en 25–30 años las pensiones serán inferiores a las actuales. Este pronóstico se une a un clima general de desconfianza: un tercio de los mayores de 60 años no confía en que seguirá cobrando en el futuro, según él, por comprender la realidad económica.
Medidas en el punto de mira
Niño Becerra prevé cambios estructurales progresivos, entre ellos:
- Extender el cálculo de la pensión a toda la vida laboral —en lugar de los últimos 35 años—, lo que disminuirá su cuantía.
- Aumentar la edad legal de jubilación hacia los 67–70 años, siguiendo modelos como el danés.
- Endurecer penalizaciones por jubilación anticipada y ajustar la revalorización según factor de sostenibilidad.
Impacto social y mental: la brecha entre generaciones
Niño Becerra también destaca las consecuencias psicológicas del pesimismo sobre las pensiones. Cita que muchos jóvenes le dijeron: “¿Por qué yo te tengo que pagar la pensión a ti si yo no tendré pensión?”. Esa falta de expectativas genera un desencanto que agrava una realidad laboral ya hostil.
No menos grave: 1 de cada 3 mayores de 60 años desconfía de la continuidad del sistema. Esa pérdida de confianza socava uno de los pactos sociales más básicos: la solidaridad intergeneracional.
Reformas urgentes y alternativas a considerar
La hucha de las pensiones cerró 2024 con 9 300 M €, pero eso no cubre ni una mensualidad del gasto actual, de 13 500 M € mensuales. Aunque el Gobierno prevé recuperar hasta 9 000 M € para finales de 2025, los expertos advierten que es una solución parcial.
Desde la Autoridad Fiscal (AIReF) se reclama una evaluación trienal del sistema y una estrategia de largo plazo alineada con proyecciones de gasto e ingresos reales.
Como respuesta a la incertidumbre pública, ha cobrado protagonismo el ahorro complementario. Los Planes de Pensiones de Empleo Simplificados (PPES) permiten aportaciones anuales hasta 5 750 €, versus 1 500 € en planes individuales, pero la participación es aún escasa: solo 53 000 autónomos (de más de 3 M) los tienen.
La combinación de presión demográfica y salarial, unida al bajo uso de productos patrimoniales bien diseñados, sugiere que el futuro pasa por modelos mixtos de pensiones, como ocurre en países nórdicos.