En una reciente entrevista, el músico Ramoncín, junto a Víctor Manuel, ex miembros de la junta de la SGAE, detalló cómo Urdangarin presentó una propuesta supuestamente inofensiva. Según relataron, el Instituto Nóos se ofreció a gestionar proyectos con promesas de “mejorar la imagen” de los artistas, empleando la figura del rey emérito como reclamo. Fue una jugada calculada que generó contratos con la SGAE por valor de más de 100 000 euros al año.
El gancho: “Don Juan Carlos I es presidente de honor de la SGAE”, afirmaban, insinuando que esa alianza colmaba de confianza a la organización elnacional.cat. Ramoncín lo resumió con sorna: fue “una situación ridícula”, en la que la autoridad simbólica del monarca supuestamente tranquilizaba a los artistas.
Engaño a sus víctimas
El plan no solo engañó a la SGAE, también supuso una importante filtración de fondos. Durante al menos tres años, el Instituto Nóos cobró a la entidad cultural más de 100 000 euros anuales para servicios nunca prestados. El volumen total de fondos desviados supera los 300 000 €, dinero que nunca fue empleado en la mejora de imagen artística, sino que acabó engordando ilegítimamente el bolsillo de Urdangarin y su socio Diego Torres.

Víctor Manuel lo resumió así: “Nos tomaron el pelo durante tres años”. Aquella confianza, sustentada en la Casa Real, fue usada para legitimar una cortina de humo que encubría una verdadera estafa.
Silencio de la SGAE
La SGAE no ha emitido declaraciones recientes. Sin embargo, tras conocerse el escándalo Nóos, la institución se convirtió en foco de críticas por su falta de control interno. Zarzuela, por su parte, apartó en diciembre de 2011 a Urdangarin de todos los actos oficiales, calificando su comportamiento de “no ejemplar”.
A nivel judicial, Urdangarin fue condenado en 2017 a cinco años y diez meses de prisión por malversación, fraude fiscal y tráfico de influencias, entre otros delitos relacionados con el caso Nóos. Además, se confirmó que muchas de las sumas utilizadas provienen de contratos públicos inflados que nunca llegaron a realizarse.

En redes sociales, varios usuarios han recordado que el uso del nombre del rey no solo fue moralmente cuestionable, sino que implicó una traición a la confianza pública depositada en la monarquía.
Las palabras de Ramoncín y Victor Manuel aportan información sobre un tema importante
La reflexión de Ramoncín y Víctor Manuel aporta luz sobre un mecanismo poco conocido: la utilización de una figura simbólica, como la del rey, para inflar artificialmente la credibilidad de un proyecto fraudulento. Esto pone bajo la lupa no solo al protagonista principal, sino también la fragilidad institucional que hace posible este tipo de maniobras.
En un contexto en que la imagen pública importaba tanto o más que los proyectos reales, queda en evidencia la facilidad con la que se tejieron redes basadas en la percepción y el prestigio real.