Magistrados jubilados del Tribunal Supremo (TS) como Clemente Auger y José Antonio Martín Pallín y algunos fiscales anticorrupción también retirados, como Carlos Jiménez Villarejo y José María Mena, han hecho pública una querella criminal por cinco delitos fiscales contra el Rey Emérito Juan Carlos I.
Según la querella avanzada por 'El País' ya la que ha tenido acceso el ACN, los querellantes consideran que la regularización tributaria hecha por el anterior jefe del Estado en los años 2020 y 2021 no cumple los criterios necesarios.
Para la excusa absolutoria que se le dispensó por no declarar unos ingresos recibidos a través de una fundación presidida por su primo Carlos de Orleans.
La ley prohíbe expresamente una regularización fiscal si antes de producirse la Agencia Tributaria o la Fiscalía le han abierto una inspección o investigación al contribuyente. Los querellantes consideran que el Ministerio Público informó al Rey de que la investigación se abrió por la existencia de posibles infracciones tributarias, delitos que todavía no han prescrito.
Los presuntos pagos del Emérito
En su querella como acusación popular, los juristas señalan que el Rey Emérito pagó más de 5 millones de euros en regularizaciones extraordinarias y cometió cinco delitos fiscales entre 2014 y 2018 durante los que habría defraudado 3,5 millones de euros euros.
"Desde junio de 2020, el rey emérito pudo conocer a través de los medios de comunicación detalles de la investigación abierta en la Fiscalía por cuestiones relacionadas con ingresos de Juan Carlos I procedentes del extranjero que supuestamente no habían sido declarados en Hacienda", agregan.
En un escrito de cerca de 20 páginas, los querellantes enumeran diversas operaciones económicas posiblemente fraudulentas del Emérito, como el pago de gastos particulares por parte de empresas u organizaciones diversas, así como el cobro de varios préstamos, sin declararlo en Hacienda debidamente.
La querella pide la declaración como investigado de Juan Carlos I, y la declaración como testigos de Álvaro de Orleans y Borbón, el abogado del emérito siempre que no afecte al secreto profesional, Arturo Fasana.
Y Dante Canónica, asesores fiscales, y los representantes legales de diversas empresas, bancos e instituciones como la fundación Zagatka o Viajes el Corte Inglés.
Los querellantes piden que al Rey Emérito se le aplique la pena de prisión mínima, a causa de su edad, y la pena económica máxima.
Unos antecedentes que no sorprenden
El Rey Emérito Juan Carlos I ha protagonizado diversos escándalos fiscales que han marcado su figura en los últimos años. Entre los más sonados se encuentran los ingresos no declarados vinculados a supuestas donaciones millonarias, como los 65 millones de euros transferidos a Corinna Larsen desde una cuenta en Suiza asociada a una fundación panameña.
Además, la Fiscalía investigó el uso de tarjetas opacas financiadas con dinero procedente de un empresario mexicano y gestionadas por un testaferro. Aunque el Rey regularizó cerca de 5 millones de euros en pagos atrasados con Hacienda, estas acciones, consideradas tardías, levantaron sospechas sobre su transparencia y ética.
Pese a no enfrentar cargos formales debido a su inmunidad como jefe de Estado hasta 2014 y la prescripción de algunos delitos, estos escándalos han deteriorado gravemente su imagen pública y la de la monarquía en España.