Desde su retiro en Abu Dabi, el rey emérito Juan Carlos I ha iniciado una ofensiva legal que ha sacudido los cimientos de la Casa Real y del Gobierno español. Las recientes demandas interpuestas contra figuras como Miguel Ángel Revilla y Corinna Larsen no solo buscan reparar su imagen pública, sino que también parecen ser un grito de auxilio dirigido a su hijo, el rey Felipe VI, y al presidente Pedro Sánchez.
¿Qué ha pasado?
El pasado 16 de mayo, Miguel Ángel Revilla, expresidente de Cantabria, fue citado a un acto de conciliación en Santander tras ser denunciado por Juan Carlos I por un presunto delito contra el derecho al honor. La denuncia responde a las críticas que Revilla ha realizado públicamente y en sus libros en torno a los escándalos de corrupción que involucran al exmonarca. Revilla ha declarado que afrontará el proceso como un ciudadano común y ha criticado que el exjefe de Estado actúe desde su condición de inviolabilidad protegida por la Constitución.
Paralelamente, Juan Carlos I ha presentado una demanda por derecho al honor contra Corinna Larsen, su antigua amiga íntima, debido a comentarios difamatorios en medios de comunicación entre 2022 y 2025. El rey emérito busca una indemnización de 50.000 euros, que asegura donará a Cáritas.
Estas acciones legales se enmarcan en una estrategia más amplia del rey emérito para expresar su descontento con la Corona y el Gobierno. Según fuentes cercanas al monarca, Juan Carlos I se siente "encerrado como un perro" en Abu Dabi y utiliza los tribunales para manifestar su malestar públicamente. El verdadero objetivo de esta ofensiva judicial no sería tanto la compensación económica o la reparación de su honor, sino crear las condiciones que le permitan regresar a España.
Reacciones en redes sociales
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha evitado abrir la puerta al posible regreso "definitivo" del rey Juan Carlos I, tras el revuelo que causó su visita a Sanxenxo en mayo de 2022. En la rueda de prensa posterior a su despacho con el rey Felipe VI, Sánchez eludió pronunciarse sobre la posibilidad de facilitar la "vuelta definitiva" del emérito, indicando que "no corresponde al Gobierno de España responder a esta cuestión".
Por su parte, la periodista Esther Palomera ha criticado duramente a Juan Carlos I, afirmando que la mala reputación que tiene se la ha ganado por su comportamiento. Palomera señala la complicidad de muchos y critica a los medios por no cuestionar antes las acciones del rey emérito.
Mientras tanto, el rey Felipe VI ha mantenido una postura distante respecto a su padre. La Casa del Rey considera que los procesos judiciales en los que está involucrado Juan Carlos I quedan en el ámbito de su esfera privada. Además, Felipe VI ha despojado a su padre de la asignación pública que venía percibiendo del Estado y ha renunciado a cualquier herencia procedente de fondos offshore de su padre.
La relación entre Felipe VI y Juan Carlos I está muy tocada
En este contexto, la relación entre Juan Carlos I y su hijo Felipe VI se ha deteriorado significativamente. El rey emérito considera que ha sido vejado lo suficiente en su propio país y ya piensa más en reverdecer su figura que en volver a ser aceptado en España. La actitud del actual rey hacia su padre ha sido distante e incluso, en algunos momentos, inequívocamente agresiva.
La ofensiva legal de Juan Carlos I también ha generado reacciones en el ámbito político. El expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha calificado de "injusta y mezquina" la demanda presentada en su contra por el rey emérito. Revilla cuestiona la legitimidad de la acción legal, señalando la inviolabilidad del monarca y su condición de no residente ni ciudadano fiscal español. Defiende sus declaraciones sobre presuntos actos de corrupción vinculados a Juan Carlos I, asegurando que siempre ha denunciado irregularidades políticas.