Básculas trucadas, comida caducada… El sinfín de irregularidades de los súpers 24h, gestionados por pakistaníes
Un impresionante despliegue policial y técnico acaba de destapar una compleja red de ilegalidades que operaba a la vista de todos. Las autoridades han puesto el foco sobre un tipo de negocio muy específico que parece haberse extendido con alarmante impunidad en las grandes ciudades.
Estas actuaciones coordinadas revelan prácticas sistemáticas que iban mucho más allá de las simples faltas administrativas habituales. La operación policial conjunta ha desvelado un panorama de fraude millonario, riesgo para la seguridad pública y graves vulneraciones de derechos laborales y comerciales.
Faude eléctrico masivo
La acción se concentró en la capital catalana, donde la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Guardia Urbana de Barcelona unieron fuerzas. Los agentes inspeccionaron casi una treintena de pequeños supermercados distribuidos en varios distritos de la ciudad condal, generando gran expectación.
Se había detectado previamente que estos locales, muchos de ellos franquicias operando las veinticuatro horas del día, ocultaban numerosas anomalías. Finalmente, en veinticuatro de estos establecimientos, se confirmó la existencia de conexiones totalmente ilegales a la red eléctrica.
La magnitud de este fraude energético es sencillamente contundente, según los propios informes policiales hechos públicos recientemente. Los implicados presuntamente lograron defraudar un volumen que asciende a 2,85 millones de kilovatios. Esta cantidad equivale al consumo anual de hasta ochocientas catorce viviendas.
Para llevar a cabo las comprobaciones técnicas y confirmar los "enganches" ilícitos, se contó con la colaboración directa de trabajadores de la empresa suministradora Endesa. Este sistema de conexiones irregulares representaba un riesgo crítico de incendio por posibles sobrecargas en las instalaciones.
El peligro era especialmente alto, pues la mayoría de estos establecimientos intervenidos se encuentran ubicados bajo bloques de pisos habitados por vecinos. Por este delito específico contra el suministro eléctrico, las fuerzas de seguridad han denunciado penalmente a un total de veintiséis personas de nacionalidad pakistaní y bangladesí, quienes controlaban las operaciones.
Alimentos en mal estado y básculas manipuladas
El fraude eléctrico no era más que la primera capa de un amplio abanico de irregularidades detectadas durante las inspecciones exhaustivas realizadas por la policía. La inspección integral concluyó la realización de un sinfín de infracciones administrativas que afectaban directamente a la seguridad y la salud de los consumidores. Los agentes intervinieron productos en mal estado, muchos de ellos con la fecha de caducidad ampliamente superada.
De igual forma, se descubrieron graves problemas con los sistemas de pesaje, hallándose básculas manipuladas diseñadas para engañar directamente al cliente en el momento de la compra de productos frescos. La Guardia Urbana detectó un total de 87 infracciones relacionadas íntimamente con la salubridad, la higiene y el correcto cumplimiento de la normativa comercial vigente.
Entre los hallazgos se incluían etiquetados erróneos, la ausencia de los carteles de información obligatorios e incluso la existencia de locales sin licencia municipal. La situación de seguridad era igualmente precaria, con graves problemas de seguridad. Por ejemplo, tenían salidas de emergencia totalmente bloqueadas y falta de extintores.
Explotación laboral e incumplimiento de la Ley de Extranjería
El impacto del operativo traspasó las barreras de lo económico y lo sanitario para afectar también a los derechos fundamentales de los trabajadores. La Policía Nacional identificó formalmente a cincuenta y nueve personas durante las diversas intervenciones en los diferentes puntos de la ciudad.
Lo más grave de los descubrimientos fue que cinco de estas personas identificadas resultaron ser verdaderas víctimas de explotación laboral. Por tanto, se han abierto diligencias por delitos graves contra los derechos de los trabajadores.
Además, otras cinco personas fueron encontradas en situación totalmente irregular en el país, lo que ha provocado la incoación de expedientes que podrían acabar en órdenes firmes de expulsión del territorio.
Inspección de Trabajo también detectó un total de veintitrés infracciones relacionadas directamente con vulneraciones evidentes de los derechos laborales y las condiciones mínimas de seguridad en el puesto de trabajo.
Este gran despliegue confirma definitivamente que el fraude de esta clase de establecimientos, hasta ahora completamente descontrolado, es un fenómeno masivo y perfectamente orquestado en la capital catalana.
La actuación pone de manifiesto la existencia de mafias extranjeras que controlan esta extensa red de supermercados de conveniencia que pueblan nuestras calles. La investigación sigue abierta, y las autoridades no descartan nuevas actuaciones futuras o la aparición de más responsabilidades penales y administrativas.
Los servicios municipales y los cuerpos policiales de Barcelona mantienen bajo estricta vigilancia a los establecimientos que operan 24h y que acumulan denuncias vecinales por malas prácticas constantes.
