La Sindicatura de Greuges de Barcelona pide "abordar las causas estructurales" del top manta y "evitar las políticas reactivas que estigmatizan" al colectivo. En un comunicado, la institución dice que la actuación municipal "no es suficiente para garantizar los derechos humanos de proximidad" de las personas que ejercen la venta ambulante irregular y afirma que las políticas que se están aplicando "contribuyen aún más a estigmatizar a las personas vendedoras, así como a cronificar su situación de exclusión”.
Asimismo, ha subrayado que el colectivo de vendedores "en ningún caso" supone un problema de orden público vinculado a la inseguridad ciudadana. En el comunicado, la Sindicatura informa que ha trasladado una serie de recomendaciones al Ayuntamiento de Barcelona, entre ellas la promoción de una mesa con representación de todos los actores de la ciudad para abordar la venta ambulante "desde todos los ámbitos"; la elaboración de un censo de las personas que practiquen la venta irregular; reactivar los programas dirigidos a "intervenir de forma integral" la situación de las personas; o explorar nuevas vías para fomentar el empleo entre el colectivo.
La Sindicatura alerta en el texto de que el porcentaje de pago de las denuncias es de un 3,46%, unos datos "que denotan la falta de eficacia de la aplicación del procedimiento sancionador". "La gestión actual no se plantea ni ha puesto en marcha instrumentos y medidas específicas para abordar las causas estructurales y combatir las vulnerabilidades sociales derivadas de la exclusión administrativa, ni para facilitar oportunidades laborales al colectivo", reitera.
Según defienden, en el fenómeno de la venta ambulante no autorizada "no se pueden obviar las limitaciones competenciales" de la Administración local para regular este fenómeno e incidir sobre las principales causas que colocan a las personas vendedoras en una situación de exclusión social.
"Es del todo necesario abordar el fenómeno en su especificidad con una buena coordinación multinivel y multisectorial de todas las administraciones públicas implicadas", ha manifestado el síndico de agravios de Barcelona, David Bondia. Sin embargo, la Sindicatura reafirma que el abordaje de la venta ambulante irregular no se puede hacer "únicamente" desde la óptica punitiva por la ocupación del espacio público, "porque ésta sólo agrava la situación".
"Necesariamente, debe pasar por la implementación de instrumentos y medidas más amplias y coordinadas entre las diversas administraciones públicas, ya que será la forma de poder poner fin a esta situación de marginación y deshumanización del colectivo".
Unas palabras que han generado mucha polémica ya que se considera que generan un 'efecto llamada' y que además dan vía libre hacia la competencia desleal para con los comerciantes que pagan sus impuestos y venden marcas y productos dentro del circuito legal.