El partido independentista Aliança Catalana ha interpuesto una demanda judicial contra el Consell Comarcal del Solsonès tras recibir la negativa a instalar una parada informativa durante la Fira de Sant Isidre.
La formación, liderada por Sílvia Orriols, asegura que el organismo comarcal justificó su decisión con acusaciones de promover discursos de "xenofobia, racismo, homofobia y misoginia", además de supuestas vulneraciones del “marco democrático” y de los “Derechos Humanos y de los Animales”.
Sí a unos, no a otros: la polémica por la doble vara de medir
Aseguran desde AC que el mismo Consell Comarcal que les ha vetado ha permitido la presencia en la feria de partidos como Esquerra Republicana (ERC) y de asociaciones islámicas. Según relatan, estas últimas habrían hecho proselitismo religioso, exhibido símbolos como la bandera de Palestina y promovido el uso del hijab entre mujeres.
“La exclusión de nuestro partido no se basa en razones objetivas ni legales, sino en un criterio puramente ideológico que busca silenciar una voz crítica con el consenso dominante”, afirman desde el partido. Y añaden: “Nos acusan de no respetar los derechos humanos mientras permiten normalizar el velo islámico y otras prácticas que, bajo nuestro punto de vista, atentan contra la dignidad femenina y la libertad individual”.
La demanda ha sido admitida a trámite
Aliança Catalana ha confirmado que la demanda ya ha sido admitida a trámite, lo que abre la vía judicial para esclarecer si hubo vulneración del derecho a la participación política y del principio de igualdad de trato. “Defenderemos a los solsonenses y a todos los catalanes de esta dictadura del pensamiento único”, han declarado. “Estamos ante una actuación sectaria que vulnera los principios democráticos más básicos”.
El Consell Comarcal del Solsonès no ha emitido ninguna declaración pública sobre el caso, ni ha querido aclarar los criterios utilizados para decidir qué formaciones políticas pueden instalar una parada en la feria y cuáles no. Sílvia Orriols ha sido crítica en redes sociales, donde ha denunciado lo que considera una hipocresía institucional.
En una publicación, escribió: “El Consell Comarcal del Solsonès no autoriza la paradeta de Aliança Catalana alegando que no respetamos los derechos humanos, pero permite el exhibicionismo y la normalización de velos islámicos y banderas palestinas”.
Un caso que podría sentar precedente
Este caso podría sentar un precedente legal en cuanto al uso de criterios políticos por parte de las instituciones públicas para autorizar la participación en ferias, actos o espacios. De confirmarse que existió una discriminación basada en ideas, el Consell Comarcal podría enfrentarse a consecuencias legales y reputacionales importantes.
La demanda llega en un momento especialmente tenso en la política catalana, donde el auge de Aliança Catalana y el discurso de Orriols ha provocado reacciones encendidas tanto a favor como en contra. Mientras unos critican su tono duro y su rechazo a determinadas ideologías, otros ven en ella una voz necesaria.
El trasfondo ideológico: libertad de expresión o censura institucional
El caso ha reabierto el debate sobre los límites de la libertad de expresión en los espacios públicos. ¿Debe una institución impedir la presencia de una formación política por considerar ofensivo su discurso? ¿Dónde está el límite entre preservar los derechos humanos y censurar una posición ideológica legítima?
Preguntas que no solo se plantean en el Solsonès, sino en toda Catalunya. Por ahora, el futuro del caso queda en manos de la justicia. Pero el mensaje de Aliança Catalana es claro: no se callarán.