Muchos celebraron el reciente anuncio de una nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional. Como para no hacerlo. Parecía un paso importante para miles de asalariados que podrán percibir unos euros extra a final de mes. Sin embargo, detrás de esta medida hay un detalle que no ha gustado a todos.
El Consejo de Ministros aprobó un incremento del 4,4% en el SMI, situándolo en 1.184 euros brutos. Hasta aquí, nada discordante, pero el problema radica en que no se ha ajustado el mínimo exento de tributar por IRPF. Por tanto, algunos trabajadores que cobraban el salario mínimo ahora verán retenciones en su nómina.
La cuestión ha generado tensión en el seno del Gobierno. Por un lado, Hacienda defiende que la mayoría de perceptores no se verán afectados, ya que la carga impositiva depende de la situación familiar y de otros factores. Por otro, el Ministerio de Trabajo y sectores afines lamentan que no se haya repetido el mismo criterio de años previos, donde se acompañaba la subida del SMI con un ajuste del mínimo exento.
Reacciones contradictorias
Las diferencias se han visto reflejadas en ejemplos concretos: un asalariado soltero y sin hijos podría retener hasta un 1,81%, mientras que alguien con familia a cargo puede librarse de esta tributación. Con ello, algunos afectados consideran que reciben una subida parcial, al ver reducida su cantidad final por el IRPF. También aparece el matiz de los casos de rentas superiores al SMI, para los que el impacto en la retención será más o menos evidente según la composición del hogar.
Los sindicatos tampoco han mostrado una postura unánime. Unos han exigido un alza mayor para compensar la posible tributación, mientras otros admiten que cualquier mejora se ve enturbiada si Hacienda cobra peaje a un colectivo ya con escaso margen de ingresos. Pese a todo, la decisión ya está tomada y el nuevo importe se aplica con efecto retroactivo a 1 de enero, por lo que el impacto se notará de forma inmediata en las nóminas de febrero.
El resultado refleja la fractura dentro de la coalición gubernamental. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, afirma haberse enterado de la medida por los medios, sin participación alguna del Ministerio de Trabajo. Hacienda, a su vez, argumenta que el grueso de trabajadores con hijos o pareja apenas notará el cambio y que, en cualquier caso, tributarán menos de lo que lo habrían hecho años atrás. Ambas partes parecen mantener su versión, dejando a los asalariados con la realidad de que, aunque el salario suba, quizá no lleguen a ver todo ese incremento en la cuenta corriente.
Al final, el debate gira en torno a un dilema: garantizar subidas del SMI que se traduzcan íntegramente en mejoras reales, o mantener la recaudación estatal por la vía del IRPF. La respuesta del Ejecutivo ha sido clara en esta ocasión, y el golpe de Hacienda recae sobre quien alcanzará un SMI de 1.184 euros brutos, pero aun así podrá verse obligado a tributar por su nómina.