Albert Grabalosa lleva desde el lunes acampado frente al Ayuntamiento de Ribes de Freser (Ripollès) para hacer visible una situación que considera injusta. Hace un año que alquiló su piso a una familia que, desde hace meses, incumple el contrato y no paga el alquiler.
Calcula que acumula una deuda de 7.000 euros entre facturas de luz y gas que consumen los inquilinos (tienen un menor) y denuncia que no puede asumirlo con la pensión que tiene de 600 euros. Hace unos días se suspendió el desalojo y pide rapidez a los Servicios Sociales para recuperar su casa. El caso está ya en manos de la justicia. El Ayuntamiento dice que no puede hacer nada, que es un caso "complejo" y recuerdan que es competencia del Consorcio de Bienestar Social del Ripollès.
"Yo quiero recuperar mi casa". Así de contundente se muestra Albert Grabalosa, de 56 años y vecino de Ribes de Freser. Hace un año alquiló su piso a un conocido y firmaron un contrato. "Él me dijo que necesitaba un piso -unos 2 o 3 meses- y que después ya le daban un piso de protección", explica. Los inquilinos pero no se han ido desde entonces y sólo le han pagado tres meses, según explica Grabalosa.
El punto de inflexión
El detonante, según detalla, fue cuando les notificó que no quería renovarlos y que tenían que irse. "En el contrato ya decía que, a los seis meses, tener derecho a decir si seguíamos o no y le envié un burofax dos meses antes para decirle", remarca.
Desde entonces la situación no ha dejado de empeorar, según Grabalosa. Ahora acumula ya una deuda de 7.000 euros en facturas de luz y calefacción que no puede asumir con su pensión. Ya les han cortado el gas y el próximo mes les cortarán la luz por impago. "Me pasan facturas de 300 euros por los calefactores enchufados, es un gasto terrible", se queja.
Este miércoles por la mañana tenía una reunión con Servicios Sociales del Consorcio de Bienestar Social del Ripollès, que es quien lleva el caso. "Quiero que me devuelvan mi casa o los denunciaré también", señala. Lleva desde el lunes acampado de forma precaria -la tienda se sostiene con troncos- y tiene una mesa y una silla y una hoja para recoger firmas de apoyo.
"Un 10% del pueblo ya ha firmado", explica, añadiendo que algunos vecinos de la zona le han traído mantas y comida como muestra de solidaridad. Grabalosa cuida a sus padres, que viven en otra vivienda. Durante estos meses ha vivido en un local de la familia de forma provisional.
Se suspendió el desahucio de la semana pasada
La justicia ordenó el desahucio del piso el jueves de la semana pasada. Pero al final se suspendió. Según el Ayuntamiento, se trata de una familia vulnerable porque vive allí un menor. "Es un caso complejo", admite la alcaldesa, Mònica Sanjaume, quien afirma tener "las manos atadas" porque es competencia de los juzgados y Servicios Sociales.
Sin embargo, la alcaldesa pide agilidad a las administraciones y subraya que es un caso "excepcional" y que no tienen constancia de ocupaciones de viviendas. Actualmente, el consistorio sólo dispone de una vivienda de emergencia social que no tienen disponible en estos momentos porque ya se está utilizando.
Por su parte, desde el Consorcio de Bienestar Social han declinado dar detalles del caso. "Atendemos a todas las personas que lo piden", aseguran, añadiendo que los recursos se distribuyen teniendo en cuenta "criterios objetivos".
Grabalosa no quiere oír hablar de ir a una vivienda de forma temporal. "Yo tengo mi casa, con un grupo que me la ocupan", concluye.