Sílvia Orriols y su opinión sobre el sistema de recogida de residuos en Ripoll
En Ripoll se cuece un debate que va mucho más allá de los contenedores: quién manda sobre la basura, cuánto cuesta de verdad y quién asume la factura. La alcaldesa Sílvia Orriols abre un frente que puede reordenar el modelo comarcal y, de paso, rehacer equilibrios políticos en la capital del Ripollès.
El contexto político: una semana de alta tensión
El detonante ha sido el pleno extraordinario del 3 de noviembre, convocado para las ordenanzas de 2026, que volvió a visualizar la soledad del gobierno de Aliança Catalana. La sesión figura en la agenda oficial del consistorio y puede verse íntegra en su canal institucional.
A los pocos días, la prensa local informó de que la oposición había tumbado la aprobación (con la única abstención de Junts), otro golpe para el ejecutivo municipal.
Qué plantea Orriols exactamente
Según explica la propia alcaldesa a su entorno, la negativa de ERC y PSC —cuyos portavoces también son vicepresidencia primera y segunda del Consell— fue un «xantatge» a la acción de gobierno.
En ese marco, Orriols ha puesto sobre la mesa salir del sistema comarcal de recogida de residuos y encargar presupuestos a tres empresas del sector para conocer el coste real de un servicio municipalizado. Su tesis es clara.
Mantener congelada la tasa de basuras en 2026 ahora forzaría una subida del 8–9 % en 2027, y no piensa “jugarse” cada año una negociación al límite en minoría.
La réplica del Consell: consenso y números
El presidente del Consell del Ripollès, Amadeu Rosell (ERC), ha respondido —según relata el propio Ayuntamiento— que su voluntad es buscar un consenso y “mantener el mismo servicio pagando lo mismo que este año”, recordando además que Ripoll es el municipio más grande y el que soporta una parte importante del coste del sistema compartido.
A efectos de escala, Ripoll tiene 10.773 habitantes de 25.826 en toda la comarca (más del 40 % de la población), lo que sugiere que al menos un tercio del gasto descansa en la capital, aunque el reparto exacto depende de más variables que la población.
Lo que está en juego: servicio, costes y modelo
Hoy, la gestión de residuos es una competencia delegada al Consell Comarcal: recoge, transporta, trata y mantiene contenedores para los 19 municipios.
Una eventual salida obligaría a Ripoll a diseñar y licitar su propio contrato o a redefinir la delegación, con el riesgo de perder economías de escala frente al resto de la comarca.
La discusión no va solo de política municipal: la Llei 7/2022 obliga a que la tasa sea específica, no deficitaria y, preferentemente, “pago por generación” (contenedores cerrados, puerta a puerta, etc.). Este marco legal presiona al alza las tasas si el servicio cuesta más de lo recaudado y explica por qué cualquier congelación hoy puede traducirse en un ajuste mañana.
Además, el debate llega mientras el Consell despliega medidas para mejorar resultados: por ejemplo, el cierre con control de acceso ha disparado un +34 % el reciclaje en Ribes de Freser tras implantarlo. Si Ripoll abandona el sistema comarcal, tendría que replicar (y pagar) por su cuenta este tipo de inversiones y tecnología.
Próximos pasos
Orriols quiere decidir con números en la mano cuando reciba las tres ofertas privadas. Mientras tanto, Rosell insiste en el acuerdo para evitar una ruptura con “efecto dominó” sobre el resto de municipios.
La pelota, por tanto, está en el tejado de Ripoll: o renegocia dentro del marco comarcal para contener costes y ganar margen de gestión, o abre la vía de un contrato propio con más control, pero también con más riesgo y menos escala.
