La madrugada del miércoles 16 de julio de 2025 quedará marcada por un acto de brutalidad que ha conmocionado a toda Canarias. Una menor de 17 años fue víctima de un intento de asesinato atroz en una casa okupa del barrio de La Isleta, en Las Palmas de Gran Canaria.
Según la investigación policial, el presunto autor del crimen es un joven marroquí de 20 años identificado como Abarrafia, que había llegado a España un mes antes en patera y sobre el que pesaba una orden de expulsión.
Una víctima extremadamente vulnerable
La joven agredida se encontraba tutelada por el Gobierno de Canarias, pero hacía días que se había fugado del centro donde residía. Las autoridades del hogar de menores ya habían activado el protocolo de búsqueda, sin éxito. Todo apunta a que, durante su fuga, la menor se instaló en un inmueble ocupado ilegalmente junto a Abarrafia.

La madrugada del miércoles, en torno a las 4:00, se desató una discusión dentro de la vivienda. En ese momento, según fuentes de la investigación, el joven arrojó sobre la menor un papel empapado en combustible y le prendió fuego. La víctima, gravemente herida, logró arrastrarse hasta la calle para pedir ayuda.
Estado crítico y traslado urgente
El estado de la menor es crítico. Presenta quemaduras en el 95% de su cuerpo y ha sido trasladada al Hospital de Quemados de Sevilla. Su pronóstico es extremadamente grave, y fuentes médicas confirman que necesitará múltiples intervenciones quirúrgicas si logra sobrevivir.

Por su parte, el agresor intentó huir, pero fue localizado poco después por la Policía Nacional gracias al aviso vecinal. Fue detenido en las inmediaciones del inmueble y trasladado al Hospital Doctor Negrín por inhalación de humo.
Un perfil preocupante
Abarrafia había llegado a Lanzarote en junio en una embarcación irregular. Tras ser trasladado a Gran Canaria, fue internado en un Centro de Extranjeros a la espera de su repatriación. Sin embargo, logró fugarse y se instaló en el piso okupa donde ocurrió la agresión.
Desde el Gobierno de Canarias, la directora general de Protección de la Infancia, Sandra Rodríguez, ha confirmado que la menor estaba bajo su tutela y que se había denunciado su desaparición. También ha señalado que, independientemente de la relación personal entre la víctima y su agresor, se trata de un caso de violencia machista.
Investigación en curso
La Policía Nacional ha iniciado las diligencias correspondientes y no descarta la participación de otras personas en los hechos. Se está analizando si alguien más estaba presente en la vivienda en el momento del ataque. Por ahora, no se ha confirmado si el intento de homicidio responde a una motivación personal o si existen otros factores.
El Instituto Canario de Igualdad también ha reaccionado, indicando que siguen el caso con atención, aunque aún no han podido confirmar si existía un vínculo sentimental entre los implicados. En cualquier caso, han calificado el acto como un “crimen execrable que atenta contra los derechos más fundamentales de una menor indefensa”.
Un crimen que reabre el debate
Este terrible suceso ha reactivado el debate sobre el control de la inmigración irregular, la tutela de menores fugados y el uso de viviendas ocupadas como refugio al margen de la ley. Muchos ciudadanos se preguntan cómo es posible que un joven con orden de expulsión haya podido desaparecer del radar de las autoridades y terminar protagonizando una tragedia de esta magnitud.
Mientras tanto, la joven sigue luchando por su vida. Y con ella, la sociedad entera se enfrenta a un espejo incómodo que refleja las carencias del sistema.