En Santa Margarida i els Monjos, un municipio del Alt Penedès, una familia vive desde hace años una situación límite. En el complejo residencial donde residen —formado por tres bloques y un total de 26 viviendas—, 23 pisos están ocupados ilegalmente.
Lo que debía ser un entorno de tranquilidad se ha transformado en un espacio dominado por okupas conflictivos que hacen imposible la convivencia. Dos familias propietarias, las únicas que quedan, denuncian agresiones verbales, música a todas horas, consumo de drogas y hasta intimidaciones físicas.
Cerraduras rotas y seguridad inexistente
El estado de los edificios es el reflejo de la anarquía que impera. Las cerraduras de los accesos comunes y las puertas de entrada están destrozadas. No existe control alguno sobre quién entra o sale, lo que agrava la sensación de inseguridad para los pocos vecinos que aún resisten.
"No podemos dormir tranquilos. Tememos que cualquier día ocurra algo peor", relató una de las afectadas a través de redes sociales, donde su hija mayor ha hecho público el calvario que atraviesan.
La alcaldesa admite el problema: okupación masiva y miedo
La alcaldesa de Santa Margarida i els Monjos, Esther Marmaneu, reconoció públicamente la gravedad del problema. Según explicó, el Ayuntamiento está plenamente informado y ha realizado numerosas gestiones tanto con los propietarios legales como con los cuerpos de seguridad.
"Las familias viven una situación desesperante. La convivencia es insostenible y temen represalias si denuncian. Desde el Ayuntamiento hemos realizado inspecciones y actuado dentro de nuestras posibilidades", afirmó la alcaldesa.
Incluso acudió a reunirse con los vecinos acompañada de policía local para evitar incidentes. El miedo es tal que las familias afectadas han decidido no hablar públicamente y evitan presentar denuncias por temor a sufrir agresiones.
La Sareb, propietaria y gran ausente
El origen del problema se remonta a los años de la crisis inmobiliaria. Los tres bloques fueron propiedad de una constructora que quebró entre 2008 y 2010. Desde entonces, la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria) asumió la titularidad de la mayoría de las viviendas.
El Ayuntamiento ha intentado contactar en varias ocasiones con Sareb. Según confirmó la alcaldesa, han mantenido reuniones y la entidad conoce perfectamente la situación. Sin embargo, hasta ahora no ha adoptado medidas efectivas para recuperar los pisos o garantizar la seguridad de los propietarios legales.
"Pedimos a Sareb que asuma su responsabilidad: o que recupere el control del edificio o que facilite que estas viviendas pasen a disposición pública para evitar más okupaciones", declaró la edil.
Violencia y miedo: una agresión que quedó sin denunciar
El pasado domingo, el padre de la familia denunciante fue agredido físicamente por uno de los okupas. Aterrorizados, acudieron a los Mossos d’Esquadra para formalizar una denuncia. Sin embargo, el miedo a represalias fue más fuerte. Finalmente, la familia decidió no presentar la denuncia, temiendo que el agresor o sus allegados pudieran tomar represalias aún más graves contra ellos.
"Nos dijeron que tenían hora para denunciar, pero que no sabían si lo harían por miedo a las consecuencias", explicó la alcaldesa. Esta situación refleja hasta qué punto el temor paraliza a los afectados y limita cualquier actuación legal.
Una reunión urgente para buscar soluciones
En vista de la creciente tensión, está prevista una reunión en los próximos días con el jefe de los Mossos d’Esquadra de la zona y la delegada de Interior del Penedès. El objetivo: buscar una solución integral que permita frenar la degradación del barrio y garantizar la seguridad de los pocos vecinos propietarios que quedan.
Mientras tanto, la realidad es clara: nadie actúa con eficacia y el miedo sigue controlando el edificio. Las familias afectadas esperan que, esta vez, las administraciones y la Sareb pasen de las palabras a los hechos.