El oscuro eco de una condena que conmocionó a España vuelve a resonar con fuerza desde las paredes de la prisión de Brieva. Ana Julia Quezada, cuyo nombre quedó grabado en la memoria colectiva por el atroz asesinato del pequeño Gabriel Cruz, se encuentra de nuevo en el centro de la polémica.
Lejos de la imagen de arrepentimiento que la sociedad esperaría, recientes informaciones apuntan a un patrón de conducta inquietante dentro del recinto penitenciario. Lo que se ha desvelado es un presunto intento de envenenamiento a una compañera de celda, un suceso que, de confirmarse, añadiría una capa aún más sombría a su ya macabro historial.
El caso, que salió a la luz gracias a revelaciones de "El Programa de Ana Rosa", ha puesto en jaque la seguridad y el control dentro de las prisiones, avivando el debate sobre el tratamiento de reclusos de alta peligrosidad.
La noticia no solo ha generado conmoción, sino que también ha reabierto viejas heridas y ha provocado una oleada de indignación en las redes sociales, donde se exige una exhaustiva investigación sobre las condiciones de internamiento de Quezada y las supuestas anomalías en el sistema.
Ocurrió hace casi 2 años pero ahora sale a la luz
El incidente que ha desatado este nuevo torbellino de controversia se remonta a septiembre de 2023. Según el testimonio que ha trascendido, Ana Julia Quezada habría preparado una merienda para una de sus compañeras de prisión. Una mezcla aparentemente inocua de leche con maicena, que sin embargo, provocó un malestar tan severo en la interna que requirió su hospitalización de urgencia en el hospital de Ávila, tras una primera atención en la enfermería del centro penitenciario.
La víctima, cuya identidad se ha mantenido en reserva, relató a las autoridades su sospecha: aunque no creía que la intención de Quezada fuera acabar con su vida, sí estaba convencida de que buscaba causarle un grave daño físico. Esta revelación ha llevado a un juez a solicitar los informes médicos y las analíticas pertinentes, con el fin de determinar la presencia de cualquier sustancia tóxica y esclarecer la verdadera naturaleza de la intoxicación.
Este no es el primer indicio de conductas anómalas por parte de Quezada en prisión. De hecho, antes del crimen de Gabriel, su familia ya sospechaba de un posible intento de envenenamiento al niño, debido a búsquedas de plantas venenosas en el historial de internet de la condenada, aunque nunca se pudo probar.
La descripción que la interna ha hecho de Quezada es escalofriante y coincide con el perfil que se le atribuye: la define como una persona "manipuladora y obsesiva", que en ningún momento ha mostrado arrepentimiento por sus actos.
Además, ha denunciado lo que califica como "privilegios" dentro de la cárcel, comparando su trato al de una funcionaria. La obsesión de Quezada, según esta compañera, era encontrar a alguien con quien cartearse para poder ejercer su influencia y manipulación desde dentro, tejiendo redes y ejerciendo un control psicológico sobre aquellos que caían en sus garras.
No es la primera vez que la lía desde prisión
Las revelaciones sobre el presunto envenenamiento se suman a una serie de denuncias previas que han puesto en el ojo del huracán a Ana Julia Quezada y, por extensión, al sistema penitenciario español. Entre estas se encuentran las graves amenazas de muerte proferidas contra Patricia Ramírez, la valiente madre de Gabriel Cruz, quien ha tenido que batallar incansablemente para proteger la memoria de su hijo y garantizar que la asesina de su "pescaíto" no obtenga beneficio alguno de su crimen.
Ramírez denunció públicamente que Quezada habría manifestado su deseo de matarla, especialmente a raíz de la frustrada grabación de un documental desde prisión. Este proyecto, según fuentes cercanas, habría sido impulsado por el antiguo abogado de oficio de Quezada, y buscaba, supuestamente, relatar su versión de los hechos.
La reacción de Patricia Ramírez al enterarse de esta iniciativa fue contundente, logrando que se prohibiera la participación de Quezada en dicho documental y que se abriera una investigación sobre cómo pudo acceder a un teléfono móvil dentro de la cárcel para tal fin. La indignación de la madre de Gabriel era palpable: "¿Cómo se le permite que grabe algo con lo que nos va a volver a lesionar?". La respuesta de Quezada a la interrupción del documental, según la propia Ramírez, fue la mencionada amenaza de muerte.
Como ya explicamos, las investigaciones han desvelado, además, un posible trato de favor por parte de algunos funcionarios de la prisión de Brieva hacia Quezada, a cambio de supuestos favores sexuales. Una excompañera de prisión ha testificado que Quezada gozaba de privilegios, incluyendo acceso a teléfonos móviles, y que las amenazas a Patricia Ramírez eran públicas y recurrentes dentro del centro.
Esta testigo, en su declaración ante el juez, no dudó en afirmar que Quezada "puede cumplirlo", refiriéndose a las amenazas contra la madre de Gabriel, dada su naturaleza manipuladora y su falta de escrúpulos.