En un esfuerzo por asumir la responsabilidad sanitaria derivada del amianto, el Gobierno ha aprobado el Real Decreto 483/2025, que establece por primera vez un mecanismo regulado para compensar a las personas que sufran enfermedades asociadas a este material tóxico. Esta iniciativa llega en un momento crítico, en el que el sistema sanitario encara la recuperación postpandemia, la urgencia de la transición ecológica y la sostenibilidad de las pensiones.
Enfermedades cubiertas y baremos de compensación
Según el decreto, solo se consideran beneficiarias las personas diagnosticadas oficialmente y reconocidas por el sistema sanitario o mediante sentencia judicial firme como afectadas por patologías derivadas del amianto. El baremo se calcula tomando como referencia la cuantía media anual de la pensión por incapacidad absoluta.
Para trastornos como la asbestosis con afectación moderada o grave, la compensación equivale al valor base anual, unos 32.200 euros. En el caso del cáncer de laringe, se paga una vez y media esa cantidad, alrededor de 48.300 euros. En cambio, el cáncer de pulmón recibe el doble, aproximadamente 64.400 euros. Por último, el mesotelioma, la forma más grave de enfermedad derivada del amianto, se indemniza con el triple del valor base. Solo se aplica la cuantía correspondiente a la enfermedad más grave que sufra la persona interesada.
Herederos y derecho a reclamación
El plan contempla también la apertura de la compensación a los causahabientes, es decir, a los herederos legales de personas fallecidas por enfermedades relacionadas con la exposición al amianto. Estos pueden solicitar la ayuda siempre que presenten un certificado médico acreditativo de dicha relación causal y cumplan los requisitos establecidos en el Real Decreto, a través del Instituto Nacional de la Seguridad Social.
Si el fallecido padeció mesotelioma, cáncer de pulmón o laringe y no solicitó revisión en vida, los herederos pueden iniciar el procedimiento incluso a posteriori, buscando obtener el importe mayor correspondiente, siempre que se presente antes de cinco años desde el dictamen firme o la resolución judicial.
Tramitación, plazos y procedimiento administrativo
Para iniciar el proceso se debe solicitar primero a la Consejería de Salud autonómica o al organismo correspondiente un certificado que identifique el diagnóstico y vincule la enfermedad al amianto. Con este documento, el interesado debe presentar la solicitud en línea o en la sede electrónica del INSS.
El Real Decreto establece un plazo máximo de seis meses para que la Seguridad Social emita resolución. Si no se responde en ese tiempo, se entenderá desestimada la petición por silencio administrativo. En ese periodo, el INSS asignará el importe correspondiente según el grado de enfermedad, y, en caso de discrepancias, existe vía para recurrir mediante recursos administrativos o judiciales.
Financiación del fondo y sostenibilidad del sistema
La dotación de estas ayudas se enmarca dentro del Fondo de Compensación para las Víctimas del Amianto, creado por la Ley 21/2022. Dicha norma especifica que los recursos provienen tanto de las asignaciones presupuestarias del Estado, como de las sanciones impuestas por incumplimientos en la retirada del amianto y las aportaciones resultantes de la subrogación en indemnizaciones judiciales.
El reto financiero está potenciado por múltiples variables: revalorizaciones pensionarias, prestaciones ya existentes y el coste creciente de limpiar y retirar amianto afectado de edificios públicos y privados siguiendo Ley 7/2022. El mecanismo jurídico busca que fondos públicos y sanciones laborales alimenten el fondo, reduciendo la presión sobre el sistema general.
Un paso hacia adelante para la justicia sanitaria
El establecimiento de una compensación económica de hasta 96 621 €, sin precedentes en el sistema español de Seguridad Social, supone una manifestación tangible de justicia social frente a un daño industrial histórico. Representa un reconocimiento institucional a las víctimas y un compromiso jurídico y económico por parte del Estado.
Esta respuesta regulatoria enfrenta desafíos de viabilidad presupuestaria, pero también ofrece una vía ordenada para que las personas afectadas por estas enfermedades, muchas veces olvidadas durante décadas, encuentren reparación. La clave ahora está en su implementación efectiva: agilidad administrativa, transparencia de fondos y apoyo real a quienes han sufrido por la exposición al amianto.