La depresión afecta a más de 2 millones de personas en España, según el INE, generando repercusiones significativas en la productividad laboral y el gasto público. El sistema de la Seguridad Social se enfrenta al reto de compensar estas incapacidades sin comprometer la viabilidad financiera de las pensiones.
En 2025, el gasto en prestaciones por incapacidad aumentó junto con la revalorización del IPC, según datos oficiales. Este contexto impulsa reformas estructurales que buscan asegurar equilibrio entre protección social y sostenibilidad presupuestaria.
Anécdota: recientemente, un tribunal en Barcelona reconoció la incapacidad absoluta a un médico con estrés postraumático y depresión severa, subrayando que el impacto funcional puede invalidar cualquier desempeño profesional.
Condiciones médicas necesarias para declarar la incapacidad
Para que una depresión pueda ser motivo de incapacidad permanente, debe cumplir tres requisitos clave:
Ser un trastorno mayor crónico, recurrente y diagnosticado formalmente.
Haber agotado todas las alternativas terapéuticas sin alcanzar mejoras sustanciales; es decir, no debe haber posibilidad real de curación con tratamientos disponibles.
Presentar un deterioro funcional significativo: dificultades prolongadas en concentración, aislamiento, fatiga constante o ideación suicida, que interfieran gravemente en la actividad diaria.
Este tribunal médico, integrado en el INSS, es el encargado de evaluar el impacto clínico y funcional, cuya conclusión determina el inicio del proceso de reconocimiento de incapacidad.
Grados de incapacidad y pensión asociada
Incapacidad Permanente Total
Se concede cuando la depresión impide continuar en la profesión habitual, pero se puede desempeñar otro trabajo. Se recibe el 55 % de la base reguladora, que puede aumentar un 20 % adicional si se supera los 55 años y existen dificultades para recolocarse.
Incapacidad Permanente Absoluta
Es el grado más frecuente en casos severos: imposibilidad total para cualquier profesión. La pensión es del 100 % de la base reguladora y está exenta de IRPF. Algunas fuentes aseguran que la Seguridad Social ha comenzado a reconocer cada vez más este grado en casos de depresión grave.
Gran Invalidez
Se reconoce en casos excepcionales: depresión psicótica, riesgo de autolesión o necesidad permanente de cuidado. La pensión es del 100 % con un complemento adicional para asistencia.
Procedimiento administrativo y aspectos relevantes
El proceso se inicia con la baja médica prolongada. Tras ello, el solicitante presenta una solicitud formal al INSS, junto con informes médicos completos del EVI. El INSS tiene un plazo máximo de 135 días para resolver; la falta de respuesta se considera resolución negativa.
Existen precedentes judiciales recientes que refuerzan el reconocimiento de incapacidades por salud mental, incluso cuando la persona puede desarrollar tareas desde casa (teletrabajo). Esto confirma que las restricciones en la vida cotidiana son determinantes financieros y funcionales.
Implicaciones económicas y sostenibilidad del sistema
La pensión por incapacidad absoluta supone un coste completo de la base reguladora, lo que aumenta el gasto público. Sin embargo, la cifra de nuevos reconocimientos de pensiones por salud mental permanece controlada y se integra en los cálculos presupuestarios, especialmente tras la subida del 2,8 % vinculada al IPC.
Desde una perspectiva macroeconómica, estas pensiones actúan como estabilizadores automáticos del consumo en crisis de salud, pero también requieren políticas para promover la rehabilitación laboral y evitar la cronificación del alta permanente en el sistema.
Incapacidad en caso de represión
La concesión de la incapacidad permanente en casos de depresión en España exige una evaluación rigurosa: depresión mayor crónica no reversible, impacto funcional severo y obstáculo terapéutico. El reconocimiento de grados absolutos y gran invalidez representa un respaldo socioeconómico profundo, pero exige equilibrio para mantener la sostenibilidad del sistema de pensiones.
Este enfoque analítico combina rigor médico, claridad jurídica y sostenibilidad financiera. Y fortalece el compromiso del sistema público con quienes, por razones de salud, quedan excluidos del mercado laboral sin merma de su dignidad ni su capacidad económica.