En los primeros meses de 2025, España inició las discusiones públicas sobre el impacto de las reformas en el sistema público de pensiones. La inflación se moderó y el IPC interanual fue del 2,4 % en noviembre. Esto permitió fijar una revalorización del 2,8 % para pensiones contributivas en 2025, en línea con la Ley 20/2021 y con respaldo del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Esta subida será efectiva desde el 1 de enero e impactará alrededor de 10,3 millones de pensiones contributivas, y también a 720.148 pensiones del régimen de clases pasivas.
En ese contexto económico, el economista Gonzalo Bernardos ha lanzado en su cuenta en X (antes Twitter) un mensaje polémico. Rechaza categóricamente la idea de que las pensiones públicas sean una "estafa piramidal". “Todo lo contrario, pues son una magnífica inversión”, afirmó, respaldándose en un estudio del Banco de España, que cifra en un 74 % la rentabilidad de las cotizaciones sociales.
Una inversión rentable... pero ¿sostenible?
Bernardos aporta dos datos centrales. El primero: la rentabilidad del 74 % que atribuye a la relación entre lo aportado y lo recibido por los pensionistas en promedio. El segundo: que un pensionista “merece cobrar 12 años por lo que paga y percibe 21,7 años”.
A primera vista, parece una defensa del sistema. Sin embargo, Bernardos también lanza una advertencia implícita: ese desequilibrio entre aportaciones y cobros es una señal de alerta sobre su viabilidad a largo plazo. El modelo sostiene, es rentable hoy, pero estructuralmente asimétrico.
Impacto real para jubilados en 2025
Las medidas aplicadas para este año contemplan un aumento medio de la pensión de jubilación de unos 600 € anuales en prestaciones medias. También un incremento de 500 € en la pensión media del sistema. Las pensiones mínimas crecerán un 6 %, mientras que las no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital (IMV) aumentarán un 9 %, alcanzando un nivel anual cercano a los 7.900 €.
Este paquete de mejoras aporta un alivio significativo al poder adquisitivo en un contexto de precios estables. Sin embargo, no disipa los temores sobre el desequilibrio generacional y la presión futura sobre las finanzas públicas.
Diferentes opiniones: entre rentabilidad y reformas necesarias
Bernardos no está solo. Otros analistas apuntan con preocupación hacia el futuro del sistema. Según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), el gasto en pensiones podría crecer del 12,7 % del PIB en 2022 hasta el 16,1 % en 2050. La capacidad contributiva no es suficiente. Se requieren reformas más profundas: mayor vida laboral, incentivos reales para jubilación activa, y sistemas complementarios que alivien la carga del reparto público.
Por su parte, partidos políticos como el PP respaldan algunas partes de la reforma actual. Por ejemplo, la compatibilidad con la jubilación activa o los incentivos para retrasar la edad legal.
Reflexión final: ¿inversión o riesgo de sostenibilidad?
El mensaje de Gonzalo Bernardos rompe el escepticismo tradicional sobre las pensiones públicas. Subraya que el sistema ofrece una “magnífica inversión” al trabajador promedio. Pero también advierte de la tensión financiera inherente: la esperanza de vida se alarga, lo que extiende el periodo de pago y compromete la estructura contributiva.
Así, la revalorización de 2025 representa un respiro real para los jubilados. Sin embargo, el debate clave no es solo sobre cuánto suben las pensiones, sino cómo evitar que el sistema pierda el equilibrio entre solidaridad y sostenibilidad. Las próximas decisiones marcarán si se consolida como inversión rentable o si se transforma en una carga difícil de soportar para generaciones futuras.