En un escenario donde la digitalización y la inclusión social marcan la agenda económica europea, la banca española adopta una transformación obligatoria y profunda. A partir del viernes 28 de junio de 2025 se dará un nuevo paso hacia la accesibilidad presencial.
Un antes y un después en las interacciones con el efectivo
La Ley 11/2023, que transpone al ordenamiento español la Directiva Europea de Accesibilidad (EAA), entrará en vigor el 28 de junio de 2025. A partir de esa fecha, todos los cajeros automáticos instalados deben integrar pantallas con alto contraste. También tendrán que incuir navegación por voz, teclados en Braille, menús intuitivos y accesibilidad para usuarios en silla de ruedas.
No se trata solo de tecnología, sino de acabar con años de exclusión funcional. Asimismo, la ley habilita una moratoria de cinco años para los cajeros ya instalados antes de esa fecha.
Dichos equipos pueden seguir operativos hasta junio de 2030 o hasta cumplir diez años desde su instalación, lo que ocurra primero. Este calendario escalonado permite a los bancos planificar inversiones sin generar caos operativo. Sin embargo, añade presión para renovar cerca de 47.000 cajeros en todo el país antes de 2030.
¿Cómo afrontan este reto los bancos?
Las tres entidades han reaccionado de manera sincronizada ante este desafío normativo y reputacional. Banco Santander ya ha modernizado plataformas internas, instalando sistemas de vídeo interpretación para usuarios con discapacidad auditiva.
Al mismo tiempo, ha adaptado pantallas y teclados de cajeros a los estándares de contraste y comodidad de personas mayores. BBVA, por su parte, ha centrado esfuerzos en la accesibilidad digital, reforzando lectores de pantalla en su app y web, y preparando el soporte para los comercios con sistemas adaptados. Finalmente, Sabadell ha destacado por implementar teclados en relieve y Braille, priorizando las funciones más utilizadas en los cajeros para mejorar la experiencia del día a día.
Este esfuerzo técnico puede suponer una inversión de entre 1 500 y 3 000 € por cajero, según estimaciones del sector bancario. Además, no basta con instalar tecnología: los bancos deben formar a su personal para atender a clientes con diversidad funcional, detectando sus necesidades y facilitando el uso de los nuevos sistemas.
Repercusiones normativas
Más allá de su impacto operativo, esta directiva representa una oportunidad reputacional. La banca tradicional suele recibir críticas por su falta de adaptabilidad, pero con esta transición puede reposicionarse como un motor de inclusión social.
Las sanciones por incumplimiento no son simbólicas. Los retrasos o deficiencias en la adaptación pueden implicar multas que van desde los 30.000 hasta los 600.000 €. Incluso alcanzarían el millón de euros en supuestos muy graves según la normativa española.
También se restringe el acceso a posibles subvenciones, lo que incrementa los riesgos reputacionales y financieros al operar fuera del marco legal. Desde la perspectiva del cliente, las mejoras ofrecen independencia y eficiencia. Los menús más simples y los botones en relieve se traducen en un uso más intuitivo también para personas mayores.
Significado económico y sectorial
Frente a un contexto macroeconómico aún con tipos de interés bajos, estas inversiones reflejan una apuesta colectiva por modernizar la infraestructura bancaria. De esta forma, generan oportunidades para proveedores tecnológicos y consultoras especializadas en accesibilidad. Así, se crea un ecosistema de valor añadido, más allá del mero cumplimiento legal.
Finalmente, tanto al consumidor como al mercado, este proceso envía una señal clara. La banca española puede evolucionar sin perder su esencia presencial, enfrentando el desafío digital con responsabilidad social y sentido económico.
Con el 28 de junio como hito, arranca la cuenta atrás para acompañar a toda la sociedad en la transición a una banca inclusiva y humana. Es el momento de medir el ritmo de implementación y valorar el impacto real en usuarios diversos.