El sistema de Seguridad Social en España ha experimentado un giro significativo con la reciente sentencia del Tribunal Supremo que prohíbe la compatibilidad entre la pensión por incapacidad permanente absoluta y cualquier actividad laboral que requiera estar dado de alta en la Seguridad Social. Este cambio supone un duro golpe para aquellos pensionistas que, hasta ahora, podían realizar trabajos muy limitados sin perder su prestación.
La resolución, que ya ha sido oficializada por la Administración, obliga a modificar la normativa vigente y establece que la pensión quedará suspendida si el beneficiario trabaja. Aunque la medida no implica una pérdida definitiva de la prestación, sí introduce restricciones que afectan a quienes intentaban complementar sus ingresos con actividades compatibles con su estado de salud.
Un caso que marca jurisprudencia
El origen de esta decisión se encuentra en un litigio entre un trabajador y la Seguridad Social. El afectado, un peón agrícola que perdió parcialmente la visión, fue reconocido con el grado de gran invalidez, la máxima categoría dentro de la incapacidad permanente. Sin embargo, con el tiempo, comenzó a trabajar en la ONCE, lo que llevó al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) a advertirle que su pensión era incompatible con el empleo.
El trabajador recurrió la decisión ante los tribunales, logrando inicialmente un fallo a su favor. No obstante, la Seguridad Social apeló y el caso escaló hasta el Tribunal Supremo, que finalmente sentenció en línea con el criterio del INSS, estableciendo que percibir la pensión de incapacidad permanente absoluta es incompatible con cualquier trabajo que implique cotización.
Este fallo se fundamenta en la Ley General de la Seguridad Social, particularmente en los artículos 194 y 198. El primero define la incapacidad permanente absoluta como aquella que impide al trabajador desempeñar cualquier actividad laboral, mientras que el segundo contempla la posibilidad de realizar actividades muy limitadas, pero sin la necesidad de estar dado de alta en la Seguridad Social.
¿Qué implica este cambio para los pensionistas?
La principal consecuencia de esta sentencia es que cualquier persona que cobre una pensión de incapacidad permanente absoluta y comience a trabajar verá suspendido el pago de su prestación. Sin embargo, si deja de trabajar, la pensión podrá reactivarse.
Además, el complemento de Gran Invalidez, que se otorga a aquellos que necesitan la asistencia de otra persona para las tareas básicas del día a día, seguirá percibiéndose incluso si la pensión principal se suspende.
Para quienes ya estaban compatibilizando la pensión con un empleo bajo la normativa anterior, se permitirá que continúen hasta la finalización de su contrato. No obstante, la Seguridad Social se reserva el derecho de revisar estos casos y evaluar la continuidad de la pensión.
Un debate sobre el modelo de protección social
Este cambio ha generado controversia y abre un debate sobre el equilibrio entre la protección de los pensionistas y la sostenibilidad del sistema. Mientras que el Tribunal Supremo argumenta que la pensión por incapacidad tiene como objetivo compensar la imposibilidad de trabajar, algunos sectores consideran que la prohibición absoluta de trabajar podría perjudicar a personas que, dentro de sus limitaciones, podrían realizar determinadas tareas sin comprometer su derecho a la prestación.
Además, la medida llega en un contexto de creciente presión sobre el sistema de pensiones, con reformas orientadas a garantizar su viabilidad a largo plazo. Esta decisión podría interpretarse como un intento de ajustar las reglas para evitar posibles abusos y optimizar los recursos del Estado.
A partir de ahora, quienes reciban una pensión por incapacidad permanente absoluta deberán evaluar con cautela cualquier opción de empleo, ya que esto podría suponer la suspensión de su prestación. La Seguridad Social, por su parte, refuerza su control sobre la compatibilidad de las pensiones con el trabajo, sentando un precedente que afectará a miles de beneficiarios en España.