El arranque de 2025 ha traído consigo un escenario insólito para más de 10 millones de pensionistas en España, que han recibido la carta informativa con el importe de su pensión para el nuevo año al tiempo que el Congreso de los Diputados ha tumbado la convalidación del Real Decreto-Ley 9/2024, el cual incluía, entre otras medidas, la revalorización de las pensiones.
Esta paradoja legislativa provoca que, en enero, se aplique un incremento previsto del 2,8% de media, pero que su consolidación más allá de ese mes quede en entredicho hasta que el Gobierno presente y aprueben una alternativa viable.
Los jubilados se han convertido en los principales damnificados de este bloqueo, ya que, si no se resuelve a tiempo, en febrero volverían a cobrar la misma cifra que en diciembre de 2024, dejando en el aire la subida. Aun así, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones confía en que se logre una rápida solución, pues la magnitud del problema es muy considerable.
El Ministerio de Hacienda, el más interesado
El propio Ministerio de Hacienda tiene un gran interés en que la revalorización se materialice. La razón es que aumentarían las retenciones del IRPF y, por tanto, la recaudación fiscal. Y aquí viene lo malo. Un cierto tipo de jubilados recibirán más carga impositiva, en especial, los que perciban por encima de los 3.000 euros mensuales brutos.
En estos casos, el porcentaje de retención a cuenta del IRPF lleva varios años aumentando de forma escalonada. Según cálculos recientes, los jubilados con pensiones máximas verán cómo un 37% del incremento estipulado para 2025 se lo lleva Hacienda en concepto de retenciones, frente a un 63% que se queda el beneficiario. Pongamos ejemplos. De los 88,9 euros de subida bruta al mes para las pensiones más altas, casi 33 euros irán destinados al fisco, mientras que el jubilado percibirá unos 56 euros netos adicionales cada mes.
El problema de la progresión
Esta progresión se aprecia claramente al comparar las revalorizaciones de los últimos ejercicios. En 2024, la subida media fue del 3,8%, lo que significó unos 116,23 euros más en la paga máxima, pero Hacienda se quedó con 43,04 euros. Un año antes, en 2023, la mejora llegó al 8,5% y supuso 239,63 euros brutos de aumento para las pensiones más altas, de los cuales 81,42 euros —el 34%— quedaron en manos del fisco.
Entre 2023 y 2025, el tipo de retención ha ascendido dos puntos porcentuales para este colectivo, lo que subraya el papel de las altas pensiones como fuente de recaudación adicional para las arcas públicas.