El debate sobre el futuro del sistema de pensiones en España se ha intensificado en los últimos meses. Los desafíos demográficos, el envejecimiento de la población y la sostenibilidad financiera del modelo han forzado al Gobierno y a las entidades regulatorias a introducir medidas cada vez más estrictas.
A día de hoy, los indicadores económicos muestran una recuperación moderada tras varios trimestres de incertidumbre, pero la presión sobre las cuentas públicas sigue presente. Al mismo tiempo, la Unión Europea exige que los Estados miembros adopten reformas que garanticen la viabilidad de sus sistemas de protección social a medio y largo plazo.
En este contexto, los cambios legislativos en materia de pensiones se convierten en noticia de portada. La experiencia de países como Francia o Alemania, donde los ajustes en la edad de jubilación han generado intensos debates, pone de relieve la sensibilidad social ante cualquier reforma. Ahora, España se suma a esta tendencia endureciendo el control sobre las cotizaciones, lo que introduce una nueva variable que afectará de manera directa a millones de trabajadores.
Nuevas reglas para cotizar: solo contarán los años con pagos al día
A partir del 1 de agosto de 2025, la Seguridad Social introducirá un cambio sustancial en la forma de calcular la pensión contributiva. Solo se tendrán en cuenta aquellos periodos en los que las cuotas hayan sido abonadas en tiempo y forma. Esto supone una transformación en la manera de entender el historial laboral. Ya no bastará con acreditar años de actividad, sino que será imprescindible haber cumplido con todas las obligaciones de pago.
De esta forma, autónomos, asalariados y empleados temporales estarán en igualdad de condiciones ante la exigencia de regularidad en los pagos.
El impacto potencial de esta medida es considerable. Un simple retraso o error en el abono de las cuotas podría traducirse en la eliminación de años completos del cómputo de la vida laboral. Los ejemplos son claros y preocupantes. Un autónomo que haya trabajado 34 años, pero acumule dos ejercicios con impagos, verá reducido su periodo reconocido a 32 años, lo que podría recortar su pensión mensual de forma significativa.
No es solo una cuestión de cantidad: quienes se encuentren cerca del mínimo exigido podrían quedarse fuera del sistema de pensión contributiva.
Riesgos y consecuencias: quiénes están más expuestos al nuevo sistema
Este cambio, recogido en el artículo 144 de la Ley, afecta especialmente a colectivos que tradicionalmente han experimentado mayores dificultades para mantenerse al día con sus cotizaciones.
Autónomos, trabajadores por cuenta ajena con contratos temporales y quienes han cambiado frecuentemente de empleo deben prestar especial atención a su historial de pagos. La falta de rigor en la gestión de estos detalles puede generar auténticos agujeros en el historial laboral. Pueden restar años cotizados y, en el peor de los casos, imposibilitando el acceso a la pensión contributiva.
El mensaje de la Tesorería General de la Seguridad Social es claro: la regularización antes del 31 de julio de 2025 es imprescindible para evitar sorpresas desagradables. El proceso es accesible y puede realizarse de forma telemática en la Sede Electrónica, permitiendo a los trabajadores comprobar su informe de vida laboral, corregir errores o abonar cuotas pendientes.
No se trata únicamente de una recomendación, sino de una auténtica carrera contrarreloj para quienes quieren garantizar todos los derechos que les corresponden.
Regularización y prevención: claves para proteger la jubilación futura
Los expertos en materia financiera y laboral insisten en la importancia de la planificación a medio y largo plazo. No basta con confiar en que los sistemas automatizados detectarán cualquier anomalía. Cada trabajador debe tomar la iniciativa, revisar su situación y guardar toda la documentación relevante como justificante ante posibles reclamaciones. La experiencia de años recientes demuestra que un simple descuido puede tener consecuencias económicas y sociales muy negativas.