La Agencia Tributaria se prepara para introducir cambios significativos en el control de los pagos realizados con tarjeta de crédito, débito o prepago en 2025. El Gobierno, a través de un nuevo real decreto, ultima una reforma que obligará a todas las entidades emisoras —desde bancos tradicionales hasta redes de gasolineras, pasando por plataformas de compras en línea— a informar detalladamente sobre las operaciones que alcancen una cifra concreta a lo largo de un año. El umbral fijado en el borrador de la normativa es de 25.000 euros, una cuantía que muchas personas podrían alcanzar sin percatarse y que disparará las alertas del Fisco si se supera.
El nuevo marco de obligaciones tributarias está diseñado para adaptarse a la creciente tendencia de realizar pagos con métodos electrónicos, sobre todo desde que proliferaron las tarjetas virtuales y los monederos digitales. Según la propuesta, cualquier compra, recarga, retirada de efectivo o abono que sumen 25.000 euros anuales estarán sujetas a un desglose pormenorizado que las entidades emisoras deberán presentar a Hacienda. La declaración, que se formalizará por primera vez en 2026, hará referencia a todos los movimientos generados durante el año 2025. De este modo, quedarán registradas tanto las operaciones al por menor como los grandes gastos, independientemente de la moneda empleada o de la modalidad de tarjeta.
El objetivo oficial de la medida es reforzar la lucha contra el fraude fiscal, adaptando la normativa a la realidad de la economía digital y la posible prestación de servicios desde el extranjero. Además, se enmarca dentro de la aprobación del nuevo impuesto mínimo global del 15% para grupos y multinacionales, a la vez que introduce cambios en otros reglamentos, como el de la Ley del IRPF o el que regula los procedimientos de gestión e inspección tributaria. El Gobierno, tras someter el texto a información pública, prevé remitirlo al Consejo de Estado y, en cuanto reciba el dictamen preceptivo, aprobarlo de forma definitiva en el Consejo de Ministros.
Hacienda, al acecho
Una vez entre en vigor esta nueva legislación, las entidades emisoras de tarjetas tendrán que identificar al titular de la cuenta, especificar la suma total de cargos y recargos que haya efectuado, así como reflejar los importes de cada operación durante el periodo de referencia. Las autoridades, con estos datos, pretenden agilizar la detección de anomalías y prevenir posibles casos de blanqueo de capitales o de economía sumergida. Para quienes sobrepasen el límite establecido, Hacienda recibirá información que podría desembocar en inspecciones o, al menos, en un mayor escrutinio sobre el origen y destino del dinero.
Pero las exigencias no terminan ahí. El proyecto del real decreto también contempla que, además de la declaración anual sobre los movimientos que superen los 25.000 euros, las entidades financieras tendrán que enviar informes mensuales con detalle de los cobros que realicen empresarios y autónomos a través de tarjetas o aplicaciones de pago vinculadas al teléfono móvil. Esto significa que servicios como Bizum o PayPal se incluirán igualmente en los reportes periódicos al Fisco, sin importar el importe de las transacciones.
La reforma, por lo tanto, se perfila como un giro sustancial en la relación entre contribuyentes, entidades de pago y Hacienda. De salir adelante tal y como está redactada, marcaría un antes y un después para quienes suelen manejar grandes sumas —o varias operaciones de cierta relevancia— con sus tarjetas. Conviene, por tanto, tomar nota de esta cifra límite y revisar de cerca los hábitos de consumo para evitar sorpresas desagradables cuando llegue el momento de declarar.