En una revelación que ha sacudido al sistema penitenciario español, Miguel Carcaño, condenado por el asesinato de Marta del Castillo, ha sido vinculado a una relación íntima con una funcionaria de la prisión. Este vínculo le habría proporcionado acceso a privilegios inusuales dentro del centro penitenciario, generando un intenso debate sobre la ética y la seguridad en las cárceles del país.
Últimas investigaciones
Según investigaciones del programa 'Código 10' de Cuatro, Carcaño habría mantenido una relación especial con una funcionaria de la prisión, lo que le permitió obtener dispositivos prohibidos como un teléfono móvil, una tablet y un dispositivo de conexión wifi. Estos aparatos fueron descubiertos durante un registro en la panadería del centro, donde Carcaño trabajaba.
Un excompañero de celda afirmó que "todo el mundo dice que fue una funcionaria la que le había pasado todo esto", sugiriendo que la relación entre Carcaño y la funcionaria era de conocimiento general dentro de la prisión . Además, se reporta que Carcaño utilizaba estos dispositivos para jugar al póker en línea y que también estaba involucrado en el tráfico de pastillas de viagra dentro del centro penitenciario.
Tras el descubrimiento de estos privilegios, Carcaño fue trasladado de un módulo de respeto a uno de conflictivos y perdió su puesto de trabajo en la panadería, lo que indica una respuesta disciplinaria por parte de la administración penitenciaria.
Declaraciones de la familia de Marta
Hasta el momento, no se han emitido declaraciones oficiales por parte de las autoridades penitenciarias respecto a este caso. Sin embargo, la situación ha generado preocupación entre los familiares de las víctimas y la sociedad en general. Antonio del Castillo, padre de Marta, ha expresado su indignación en redes sociales, cuestionando cómo es posible que el asesino de su hija disfrute de tales privilegios mientras él aún busca justicia.
Este caso también ha reactivado el debate sobre la seguridad y la ética en las prisiones españolas, especialmente a la luz de incidentes similares, como el de Ana Julia Quezada, quien fue acusada de mantener relaciones con funcionarios a cambio de beneficios dentro de la cárcel.
Control en los centros penitenciarios
La revelación de estos hechos plantea serias preguntas sobre la supervisión y el control dentro de los centros penitenciarios, así como sobre las medidas necesarias para prevenir abusos de poder y garantizar la integridad del sistema judicial. La sociedad espera respuestas claras y acciones concretas para abordar estas preocupaciones y restaurar la confianza en las instituciones encargadas de la justicia y la rehabilitación.