La Generalitat de Catalunya ha sorprendido a toda la opinión pública al defender a una psicóloga que se negó a atender a una usuaria que hablaba en catalán. Este caso, denunciado recientemente, ha generado un gran revuelo, pues muchos esperaban una posición firme de la administración catalana en defensa de los derechos lingüísticos de los ciudadanos. Sin embargo, la respuesta de la Generalitat ha sido, para muchos, desconcertante y decepcionante.
Este incidente ocurrió cuando una usuaria con un hijo con Asperger, cuyo idioma principal es el catalán, solicitó ayuda psicológica a una profesional del sistema de salud público. Al iniciar la sesión en catalán, la psicóloga le indicó que no la atendería si no cambiaba al castellano. Ante la negativa de la paciente a abandonar su lengua materna, la profesional dio por terminada la consulta.
La afectada denunció el hecho, considerándolo un acto claro de total catalanofobia, especialmente al ocurrir dentro de un servicio público en Catalunya, donde el catalán es lengua oficial. No obstante, la Generalitat ha optado por respaldar a la psicóloga, lo que ha generado una oleada de críticas y comentarios en redes sociales y medios de comunicación.
La respuesta de la Generalitat
Ante esta situación, la Generalitat ha argumentado que la profesional actuó dentro de su derecho al decidir en qué lengua brindar sus servicios, aludiendo a cuestiones de comodidad y profesionalidad. La administración ha sostenido que no se trató de un acto de discriminación, sino de una preferencia lingüística de la psicóloga para ejercer su labor con mayor eficacia.
Esta respuesta ha dejado a muchos sorprendidos. Considerando que una de las funciones de la Generalitat es la defensa del catalán y de quienes desean utilizarlo en la administración pública, en cualquier ámbito de atención.
Según fuentes del departamento implicado, la Generalitat justifica la profesional porque "es recién llegada a nuestro país". Sin embargo, esta posición ha sido interpretada por numerosos sectores de la sociedad como una falta de compromiso. Con el derecho de los catalanohablantes a expresarse en su idioma en servicios públicos.
Críticas y reacciones en las redes
Las reacciones no se hicieron esperar. Usuarios en redes sociales y entidades a favor de los derechos lingüísticos se mostraron indignados ante lo que consideran una "justificación inaceptable" de la Generalitat. Diversas voces han señalado que esta postura alimenta la idea de que el catalán sigue siendo relegado, incluso en su propio territorio.
Grupos en defensa del catalán, como Plataforma per la Llengua, han criticado duramente la postura de la Generalitat. Afirmando contundentemente que la administración debería defender de forma activa el derecho de los catalanohablantes a ser atendidos en su idioma, tal y como dicta la legislación catalana. "Es absurdo que en Catalunya, donde el catalán es oficial, una ciudadana tenga que renunciar a su idioma para recibir atención", comentan.
Algunas opiniones destacan también que esta decisión de la Generalitat podría abrir una puerta a futuras situaciones de discriminación lingüística en otros ámbitos. Este caso podría convertirse en un precedente que ponga en peligro el derecho a usar el catalán. Sobre todo si más profesionales deciden ejercer solo en castellano, bajo el amparo de una "preferencia lingüística" y sin consecuencias administrativas.