El Gobierno de España, encabezado por Pedro Sánchez y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), ha introducido una nueva medida económica que ha suscitado diversas opiniones y análisis. Esta nueva medida consiste en una pensión indefinida de 500 euros al mes destinada a ciertos ciudadanos, y ha sido comparada con el tradicional PER (Plan de Empleo Rural) andaluz.
El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), bajo la dirección del Gobierno de España, ha puesto en marcha esta medida. Este "miniparo" está diseñado para proporcionar un apoyo económico constante a ciudadanos que cumplen ciertos criterios específicos. La medida busca ofrecer una red de seguridad económica en un contexto de inestabilidad laboral y económica.
Comprueba si cumples los requisitos
Para poder acceder a esta pensión indefinida, los solicitantes deben cumplir con una serie de requisitos. Estar en una situación de desempleo de larga duración y tener más de 52 años. Hay que ser residente en España y tener la nacionalidad española. Igualmente, es necesario haber cotizado un mínimo de años a la Seguridad Social, aunque de momento se desconocen los últimos flecos, que se conocerán cuando se apruebe el correspondiente reglamento.
Asimismo, el SEPE exige unos límites de ingresos y patrimonios para asegurar, dicen, que la ayuda se destina a aquellas personas que más lo necesitan.
Comparación con el PER andaluz
Las comparaciones son inevitables y, como era de esperar, esta medida ha sido comprada con el PER (Plan de Empleo Rural). Estamos hablando de un sistema que ha estado en funcionamiento en Andalucía durante décadas, proporcionando subsidios a trabajadores agrícolas desempleados. La nueva pensión indefinida de 500 euros comparte algunas similitudes con el PER, en términos de proporcionar un apoyo financiero continuo a ciertos grupos de la población. De ahí que ya haya sido comparada y catalogada como "el nuevo PER".
Críticas de la patronal y de las asociaciones de empresarios
Consideran muchos españoles que esta medida podría desincentivar la búsqueda activa de empleo y fomentar la dependencia del estado. Además, se plantea la cuestión del coste fiscal de la medida y su sostenibilidad a largo plazo.
Por otro lado, los defensores de la iniciativa argumentan que proporciona una red de seguridad crucial para los ciudadanos más vulnerables, especialmente en tiempos de crisis económica. Señalan que el apoyo financiero continuo puede ayudar a estabilizar las economías locales y ofrecer a las personas mayores de 52 años una seguridad económica que les permita vivir con dignidad.