El gobierno español autorizará el proceso de concentración bancaria entre el BBVA y el Banco Sabadell si mantienen la personalidad jurídica y patrimonio separados y autonomía de gestión durante al menos tres años, ampliables a dos años más, según ha explicado este martes el ministro de Economía Carlos Cuerpo en la reunión posterior al Consejo de Ministros.
Cuerpo ha detallado que esta decisión está fundamentada en cinco criterios de interés general, más allá de la defensa de la competencia, como por ejemplo la cohesión territorial, el mantenimiento de la obra social y las fundaciones o la protección de las plantillas. En este sentido, el ministro ha explicado que los dos bancos no podrán llevar a cabo procesos de reestructuración relacionados con la opa.
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha detallado, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que el periodo de tres años en que las dos entidades deben operar por separado es prorrogable a dos años.
Por eso, el gobierno español ha establecido que tanto el BBVA como el Banco Sabadell deban elaborar un informe con una antelación de entre dos y seis meses a esos tres años, un informe sobre la situación de cada entidad y que incluya el modelo de gestión autónoma que se ha llevado a cabo y cómo se ha contribuido a los criterios de interés general.
Más condiciones
Asimismo, las dos entidades tendrán que publicar en su página web un plan estructural a largo plazo que detalle su estrategia corporativa y cómo abordarán estos criterios. En función del contenido de estos informes, el gobierno español podrá ampliar, si lo considera, en dos años más las condiciones anunciadas este martes. Transcurrido este máximo de cinco años, el BBVA estará “habilitado” para solicitar la fusión una vez haya cumplido las condiciones.
Cuerpo ha explicado que los criterios generales sobre los que las dos entidades deberán respetar la autonomía de gestión de su actividad son que se garantice un mantenimiento adecuado de los objetivos de la regulación sectorial vinculada al apoyo al crecimiento y a la actividad empresarial; que se respeten los puestos de trabajo; la cohesión territorial; el mantenimiento de los objetivos de política social en relación con la obra social de las fundaciones, la vivienda asequible y la protección del consumidor y la promoción de la I+D tecnológica.
El gobierno español ha defendido que estos criterios, que son diferentes a los de la competencia, encajan en la Constitución española y cuentan con el aval del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE).
En todo caso, Cuerpo ha negado que sea “un obstáculo” para que la opa pueda seguir avanzando y ha defendido que las condiciones del gobierno español son “proporcionadas y equilibradas”.
Todavía sobre la autonomía de la gestión de Banco Sabadell, Cuerpo ha dicho que las dos entidades deben tener como objetivo “maximizar su valor de forma independiente” y mantener aspectos como la “riqueza de especialización” de cada una de ellas, la especialización y la vinculación con los clientes y en especial con las pymes, o la proximidad territorial.
Por otro lado, según el ministro, la autonomía de los dos bancos no “estará reñida” con el derecho del BBVA a nombrar a los consejeros del Banco Sabadell. “Deberán seguir actuando de buena fe y en el mejor interés de la entidad de la que son consejeros, es decir, maximizando el valor de cada una de las entidades por separado”, ha insistido.