mayo 22, 2026

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Rosa Maria Soberana dice basta a la agenda eco socialista verde progre del Govern: todos los detalles

El día en el que la Agencia Tributaria de Catalunya ha cobrado el impuesto sobre emisiones a millones de catalanes

El debate sobre las políticas verdes del Govern ha dejado de ser un asunto técnico para convertirse en uno de los grandes campos de batalla políticos en Catalunya.

Mientras una parte del ejecutivo presume de liderazgo climático, cada vez más ciudadanos sienten que moverse, trabajar y mantener su actividad económica se ha convertido en un lujo.

Rosa Maria Soberana alza la voz contra la agenda eco socialista del Govern

La diputada de Aliança Catalana en el Parlament, Rosa Maria Soberana, ha decidido decir basta a lo que muchos definen como “agenda eco socialista verde progre” del Govern de Catalunya

En una reciente intervención, Soberana señaló a las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) implantadas en ciudades como Barcelona, Lleida, Granollers o Girona como políticas  "clasistas, ineficaces e ideológicamente peligrosas” 

Según la diputada de Aliança Catalana, el Govern y muchos ayuntamientos han disfrazado de política verde lo que, en realidad, sería una estrategia de segregación social encubierta.

La crítica es clara: las ZBE prohíben circular a miles de catalanes sencillamente porque no pueden permitirse un coche nuevo. Soberana recuerda que un vehículo nuevo puede rondar los 25.000 euros y uno de segunda mano los 10.000, cifras inasumibles para muchas familias trabajadoras.

Mientras tanto, vehículos de alta gama, eléctricos o híbridos, con etiqueta ambiental, acceden sin restricciones a los centros urbanos. Para Aliança Catalana, se está separando a la “casta” del pueblo trabajador, el centro de la periferia y las rentas altas de las bajas.

Zonas de Bajas Emisiones: impacto social y fracaso técnico

Más allá del discurso ideológico, Soberana pone el foco en los resultados reales de estas medidas. Según su planteamiento, ninguna de las Zonas de Bajas Emisiones ha demostrado una mejora clara, real y sostenida de la calidad del aire a medio plazo. No obstante, sí han mostrado una capacidad enorme para castigar a los bolsillos más modestos mediante multas y sanciones masivas.

Datos recientes sobre la ZBE de Barcelona apuntan precisamente a ese impacto desigual. Distritos con menor renta, como Nou Barris, concentran un porcentaje muy elevado de las multas. En cambio, zonas más acomodadas registran muchas menos sanciones por contaminación, a pesar de tener un volumen global de infracciones de tráfico similar o superior.

Para Aliança Catalana, estos números refuerzan la idea de que la agenda verde del Govern no es neutral socialmente. El problema es que carga el coste sobre quienes menos capacidad tienen para renovar su vehículo.

Soberana también denuncia lo que llama “hipocresía institucional”. Se criminaliza el uso de coches antiguos mientras se ignora el impacto ambiental asociado a la fabricación, logística y ciclo de vida de los vehículos eléctricos y híbridos.

A su juicio, una política ambiental seria debería basarse en innovación, gestión inteligente de la movilidad y mejora del transporte público, no en prohibiciones generalizadas y persecución del vehículo privado.

Una agenda que frena el progreso y la economía productiva

Desde la óptica de Aliança Catalana, la agenda eco socialista del Govern va mucho más allá de las ZBE. Forma parte de un modelo que frena el progreso y golpea directamente a la economía productiva de Catalunya.

Sectores como el transporte profesional, los autónomos, la pequeña industria o los comercios de barrio se ven obligados a asumir costes extra, restricciones horarias. Son barreras de acceso a los núcleos urbanos que dificultan su actividad diaria.

A ello se suma el caos sancionador. Soberana recuerda que las multas asociadas a las ZBE han colapsado los servicios de atención ciudadana. Se ha generado así un profundo sentimiento de injusticia entre los usuarios, que muchas veces ni siquiera entienden por qué han sido sancionados o cómo recurrir.

Para Aliança Catalana, estas sentencias demuestran que las medidas del Govern son discutibles políticamente y también jurídicamente frágiles. De ahí que el partido reclame la paralización inmediata de las nuevas ZBE previstas a partir de 2026.

El impuesto sobre emisiones que solo paga Catalunya

El último capítulo de esta agenda verde, según Soberana, es el impuesto sobre las emisiones de CO2 de los vehículos de tracción mecánica. Se trata de un tributo propio de la Generalitat de Catalunya que grava las emisiones anuales de los vehículos en función de su nivel de CO2.

Se trata de un impuesto que no existe de esta forma específica en el resto del Estado, y que se suma al resto de cargas ya soportadas por conductores y empresas.

Desde la perspectiva de Aliança Catalana, este impuesto sobre emisiones es la guinda de un pastel fiscal diseñado contra la economía productiva de Catalunya. Quien necesita el coche para trabajar paga más; quien vive en la periferia, sin alternativas de transporte público reales, paga más; quien no puede cambiar de vehículo, vuelve a pagar.

Las medidas penaliza la actividad económica y desincentiva la inversión, justo lo contrario de lo que debería hacer un Govern que afirma querer reindustrializar el país.

Aliança Catalana promete seguir dando guerra en la calle y en el Parlament para defender la economía productiva y el derecho de los catalanes a trabajar y prosperar sin ser castigados.

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