Una concejal socialista, condenada por sustracción de menores
La concejala de Infancia y fiestas no tradicionales de Sant Sadurní d'Anoia (Alt Penedès), Erika Ruiz (PSC), ha dimitido de su cargo tras hacerse pública la sentencia que la ha condenado por sustracción de menores al impedir que el padre de sus hijas las viera.
La mujer, que ha solicitado el indulto, incumplió la sentencia que permitía a su exmarido estar con las hijas menores de edad en horas y días concretos, alegando que las niñas no querían ver a su progenitor. Por ello, fue condenada a dos años de prisión, cuatro de inhabilitación para la patria potestad y dos de inhabilitación para cargo electo, lo que la ha obligado a dejar la concejalía.
La pareja había estado casada de 2005 a 2019. En 2009 y 2012 tuvieron a las hijas. En 2019 iniciaron los trámites de divorcio y el juzgado les otorgó la custodia compartida. Pero las disputas continuaron y las niñas casi no veían al padre desde abril de 2021.
Según ha comprobado la ACN, en mayo de 2022 el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Igualada concedió la custodia exclusiva a la madre hasta diciembre de ese año con la condición de que hasta entonces el padre estuviera con ellas cada dos fines de semana y una tarde de día laborable, a fin de recuperar la custodia compartida a partir de Navidad. La madre siguió incumpliendo las medidas dictadas por el juzgado.
Por ello, el 1 de septiembre de 2023 un juzgado penal de Barcelona condenó a la mujer por no entregar a las hijas a su exmarido cuando tenían la custodia compartida desde abril de 2021. La sentencia ha sido confirmada por el Tribunal Supremo y por ello no puede ejercer la patria potestad durante cuatro años ni ningún cargo electo durante dos años. Ruiz dejó el cargo el pasado miércoles en un pleno urgente y extraordinario.
No obstante, a finales de septiembre de 2023 una sección civil de la Audiencia de Barcelona concedió a la mujer la custodia de las niñas y fijó visitas semanales de dos horas con el padre en un punto de encuentro.
Se da la circunstancia de que la hija mayor tiene 16 años, y dentro de dos años ya podrá decidir con quién vive, aunque no hayan transcurrido los cuatro años de prohibición de patria potestad por parte de su madre. Desde que se confirmó la sentencia penal, las dos hermanas viven con los abuelos maternos, y el padre todavía no las ha podido ver, según ha explicado él mismo a la ACN.
