La Audiencia Provincial de Ourense se ha ocupado de juzgar a una acusada, que llevaba tres años en prisión preventiva, que presuntamente había asesinado a su amante, que había conocido. Tras el asesinato, el tribunal ha tenido en cuenta el trastorno de personalidad de la condenada, abriendo la posibilidad de que cumpla parte de su pena en un centro de salud mental.
Los hechos ocurrieron en 2021, cuando la acusada y la víctima comenzaron una relación tras conocerse en Internet. En un episodio de violencia extrema, la acusada acabó con la vida de su amante y, en un intento de deshacerse de los restos, quemó y descuartizó el cuerpo.
Sentencia polémica
Los jueces condenan a ocho años de cárcel a la mujer acusada de matar, quemar y descuartizar a su amante en este pequeño municipio de la provincia de Orense. La sentencia ha suscitado controversia. Aunque la condena es de ocho años, muchos consideran que la pena resulta insuficiente dadas las circunstancias del crimen. La decisión del tribunal de tener en cuenta el trastorno de personalidad de la acusada ha generado debate, especialmente al permitir que pueda cumplir parte de su pena en un centro psiquiátrico en lugar de una prisión común.
El tiempo que ha pasado en prisión preventiva (tres años) será descontado de su condena. Esto significa que, en el mejor de los casos, la acusada podría quedar en libertad antes de lo previsto, especialmente si su estancia en un centro de salud mental se alarga por necesidades médicas.
La defensa argumentó que la acusada sufría un grave trastorno mental, lo que afectó su capacidad de juicio y control sobre sus acciones. Este argumento fue clave en la sentencia, ya que el tribunal concluyó que el estado mental de la acusada jugó un papel crucial en el crimen. La puerta queda abierta para que, tras cumplir una parte de la pena en prisión, pueda ser trasladada a un centro especializado en salud mental.
Justicia incompleta
Para muchos, esta sentencia representa una justicia incompleta. El crimen fue brutal y el carácter leve de la condena ha conmocionado a las personas cercanas a la víctima. La familia de la víctima ha mostrado su descontento, alegando que ocho años de cárcel son insuficientes para una pérdida tan brutal y dolorosa.
Este caso también ha puesto en el punto de mira cómo debe actuar la justicia en relación con personas con trastornos mentales que cometen delitos graves. La posibilidad de cumplir penas en centros psiquiátricos en lugar de en prisión es una cuestión que sigue generando debate en la sociedad y en el ámbito judicial.