Una nueva denuncia ha reavivado la indignación pública en torno a uno de los crímenes más impactantes de la última década en España. La madre de la víctima ha alzado la voz para denunciar amenazas directas desde prisión y una sensación de abandono institucional que, según afirma, la deja en una situación de vulnerabilidad extrema.
Amenazas desde prisión y sensación de desamparo
Patricia Ramírez, madre de Gabriel Cruz, el niño asesinado en 2018 por Ana Julia Quezada, ha denunciado públicamente que la condenada ha manifestado su intención de matarla desde la prisión de Brieva (Ávila), donde cumple una pena de prisión permanente revisable.
Según Ramírez, fuentes internas del centro penitenciario le han informado que Quezada expresó su deseo de vengarse por haber impedido la realización de un documental sobre el caso. Estas amenazas han sido comunicadas a las autoridades, pero, según Ramírez, no se han tomado medidas efectivas para garantizar su seguridad.
Además, Ramírez ha señalado que ha recibido llamadas telefónicas de origen desconocido, lo que ha incrementado su temor por su integridad física. A pesar de haber presentado denuncias ante la Guardia Civil, estas fueron inicialmente archivadas, aunque posteriormente se reabrieron tras la presentación de recursos.
Investigaciones por corrupción en la prisión de Brieva
Paralelamente, el Juzgado de Instrucción número 4 de Ávila investiga a varios empleados de la prisión de Brieva por presuntos delitos de cohecho. Se sospecha que estos trabajadores facilitaron a Quezada el acceso a un teléfono móvil a cambio de favores sexuales.
Quezada habría utilizado este dispositivo para grabar encuentros íntimos con el objetivo de chantajear a la dirección del centro penitenciario y presionar para ser trasladada a una prisión en Barcelona. Las investigaciones se basan en testimonios de un educador del centro, tres internas y la actual pareja de Quezada.
Los empleados implicados han sido apartados de sus funciones mientras continúa la investigación. La Subdelegación del Gobierno en Ávila ha confirmado que estos trabajadores ya no prestan servicio en la prisión.
Denuncia de desprotección institucional
Ramírez ha expresado su sensación de desprotección institucional y judicial, criticando la falta de respuesta por parte de las autoridades ante las amenazas recibidas y las irregularidades denunciadas en la prisión de Brieva. Ha lamentado que, a pesar de haber alertado sobre la posesión de teléfonos móviles por parte de Quezada y la preparación de un documental sobre el asesinato de su hijo, las instituciones no han actuado con la diligencia necesaria para protegerla.
Asimismo, ha denunciado que se le ha denegado la posibilidad de personarse como acusación particular en el caso que investiga los presuntos delitos de cohecho en la prisión, lo que, según ella, profundiza su sensación de indefensión.