Joan Pròsper Fatjó-Vilas, ganadero de Rupit i Pruit, en la comarca catalana de Osona, ya no puede más. En el último año ha sufrido dieciséis ataques de lobos en su explotación ganadera, un drama que lo ha llevado a interponer una demanda por la vía administrativa contra la Generalitat de Catalunya.
Reclama indemnización por daños y perjuicios, que cifra en más de 60.000 euros, y asegura estar “al límite” tanto física como emocionalmente. El primer ataque se produjo en mayo de 2024 y, desde entonces, la situación no ha hecho más que empeorar. Aunque ha aplicado todas las medidas preventivas recomendadas por el Departamento de Territorio, el lobo sigue atacando.
Para el joven ganadero, seguir el protocolo implica una enorme carga adicional de trabajo, que se suma a las tareas diarias de gestión del campo, cuidado de los animales y venta de carne.
Jornadas interminables sin compensación
Cada día, Pròsper monta por la tarde varias vallas eléctricas que pesan más de 10 kilos y que deben colocarse en distintos puntos de la finca para proteger a sus tres rebaños. Por la mañana, toca desmontar todo y limpiar las zonas. Esta rutina le exige unas 27 horas semanales extra, no remuneradas. “Trabajo para la administración, pero sin cobrar”, denuncia.
Este cambio de dinámica también ha obligado a modificar la planificación de los cultivos, lo que afecta a la alimentación natural de las ovejas y a la producción global del rebaño. Según cuenta, las ovejas ya no se alimentan “a diente”, como siempre, lo que ha reducido significativamente la productividad de su explotación.
Un negocio en peligro de extinción
El impacto económico ha sido demoledor. Solo este año ha perdido alrededor de cien ovejas, muchas de ellas en etapa de cría. Como consecuencia, ha dejado de atender a decenas de clientes que cada Navidad compraban cordero directamente en su finca. “He tenido que decir que no a mucha gente. Tenía la nave vacía”, lamenta.
Aunque existen ayudas públicas para compensar estas pérdidas, Pròsper asegura que no ha recibido ni un euro. Critica que las cantidades que ofrece la Generalitat están basadas en precios de 2004 y que para recibirlas hay que renunciar a cualquier otra reclamación judicial. Él ha optado por rechazar estas condiciones y exigir una compensación justa.
Batalla legal y política
Ante esta situación, el ganadero ha decidido decir basta. Ha presentado una demanda administrativa contra la Generalitat por los daños sufridos, y también ha trasladado su caso a instancias europeas. Según él, los gobiernos deben asumir su responsabilidad si deciden proteger al lobo, un depredador que está destruyendo su medio de vida.
El Departamento de Territorio ha confirmado la existencia del proceso y asegura estar trabajando en un nuevo sistema de compensaciones. Según la administración, desde enero de 2025 se han contabilizado 14 ovejas muertas y 9 heridas en diferentes zonas de Catalunya. En 2024 el balance fue aún peor: 50 animales muertos y un centenar heridos. La presencia del lobo, que se calcula entre 8 y 10 ejemplares en todo el territorio, afecta sobre todo al Pirineo, Catalunya Central y Alt Empordà.
Cansancio, impotencia y una petición clara
Pròsper define su situación como un “desgaste físico, moral y económico”. Durante meses ha probado diferentes soluciones propuestas por la Generalitat, como mallas de plástico o altavoces disuasorios. Nada ha funcionado. Por eso, exige una solución más contundente: “Lo que necesito son cercados fijos que permitan mantener a salvo a los animales”.
Afirma que entiende la importancia de preservar la fauna salvaje, pero considera que la administración debe asumir su parte de responsabilidad: “Tenemos que convivir con el lobo, sí, pero el lobo se alimenta de nuestras ovejas. Si el lobo ataca, nos mata el negocio”, sentencia.
Y lo más impactante…
El último ataque se produjo hace apenas dos semanas. El lobo logró asustar al rebaño hasta que una oveja, en su desesperación, se enredó con la malla y murió ahogada. No fue devorada. No fue herida. Murió del miedo. Esa escena lo resume todo.