El verano suele ser sinónimo de actividad frenética en los campos agrícolas, donde cada jornada cuenta y la presión por cumplir con los plazos de la campaña es máxima. Sin embargo, bajo la aparente normalidad de la recolección, se ocultan realidades mucho más complejas y, a menudo, dramáticas. Así lo evidencia un suceso reciente que ha reabierto el debate sobre las condiciones laborales y los derechos de los trabajadores en el sector primario.
El viernes pasado, en la localidad de Fraga, situada en la comarca del Baix Cinca, en Lleida, un trabajador temporero de origen pakistaní perdió la vida mientras recogía fruta en una explotación agrícola, tal y como ha informado Segre.com. El hombre, que no disponía de documentación en regla ni permiso de trabajo, sufrió un golpe de calor que resultó fatal. La jornada había sido especialmente sofocante, con temperaturas que, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), alcanzaron los 39 grados a las cinco y veinte de la tarde, tras varios días consecutivos de calor extremo que apenas daban tregua por la noche.
El trabajador, tras desvanecerse en pleno tajo, fue trasladado de urgencia al Centro de Salud de Fraga por varios compañeros de cuadrilla en una furgoneta. Al llegar al centro sanitario, ya se encontraba en estado crítico, y pese a la rápida intervención de los servicios médicos, no fue posible salvarle la vida. Tras dejarlo a cargo de los sanitarios y advertir de la gravedad del caso, quienes lo acompañaban se marcharon sin proporcionar más información, lo que ha dificultado las primeras investigaciones.
Investigaciones abiertas: Condiciones laborales bajo la lupa
Las circunstancias del fallecimiento han motivado la apertura de dos investigaciones paralelas, una a cargo de la Guardia Civil, coordinada por el Juzgado número 1 de Fraga, y otra de la Inspección de Trabajo. El principal objetivo es esclarecer en qué condiciones estaba desarrollando su labor el trabajador y si la explotación agrícola cumplía con la normativa en prevención de riesgos laborales, especialmente en lo que respecta a la exposición a altas temperaturas y el acceso a medios para protegerse del calor.
No es la primera vez que un episodio similar salta a la luz durante la campaña de la fruta en el Baix Cinca. Organizaciones agrarias y sindicatos llevan años alertando de la existencia de grupos de trabajadores sin papeles que, pese a la falta de documentación, logran emplearse en ciertas fincas, a menudo en situaciones precarias y con escasa protección. Episodios como el de Fraga, o como los ocurridos recientemente en Candasnos, Caspe o Castellonroi, han puesto en cuestión la vigilancia sobre las condiciones laborales en el sector y la eficacia de los mecanismos de control.
El reto de la regularización y la prevención
La muerte de este trabajador pakistaní ha puesto de manifiesto algunas de las grandes asignaturas pendientes de la agricultura española: la contratación regular y supervisada, el respeto a las condiciones mínimas de seguridad y la protección frente a fenómenos meteorológicos extremos, cada vez más frecuentes a causa del cambio climático. Tanto representantes sindicales como portavoces de organizaciones agrarias han subrayado la necesidad de reforzar la inspección y el control, pero también de fomentar la contratación en origen y de supervisar el alojamiento y el entorno de trabajo de quienes llegan desde fuera para trabajar en las campañas.
Mientras tanto, la comunidad pakistaní de la zona se ha movilizado para recaudar fondos con el objetivo de repatriar el cuerpo del fallecido, una operación que puede suponer un coste de hasta 10.000 euros para la familia. El suceso ha generado consternación y ha puesto el foco sobre la vulnerabilidad de quienes trabajan en el campo en situación irregular, a menudo invisibles y sin apenas recursos ante situaciones límite.